Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a un hombre por su presunta participación en un delito de proposición para cometer asesinato. Según la investigación, el arrestado habría realizado un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España, organización que fue desmantelada en marzo del pasado año, con el objetivo de acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.
En el marco del mismo operativo fue arrestada una segunda persona, que quedó en libertad tras prestar declaración. La investigación se deriva del análisis de la información obtenida tras la macrooperación desarrollada en marzo de 2025, que culminó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante. Aquella actuación contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Los agentes determinaron que la organización trataba de diversificar sus actividades delictivas en España, ampliando su oferta a terceros. En ese contexto, detectaron el encargo concreto en el que ya se habría identificado a la víctima y en el que los implicados disponían de un plan detallado para ejecutar el crimen. Ante la posibilidad de una amenaza real e inminente contra la vida del objetivo, los investigadores decidieron adelantar el dispositivo para garantizar su integridad física y neutralizar el riesgo de manera inmediata.
La operación Astas y la documentación intervenida
Durante el dispositivo policial conocido como operación Astas, los agentes intervinieron abundante documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos materiales por parte de especialistas de la Comisaría General de Información permitió descubrir comunicaciones y registros que, según la investigación, vinculan directamente al ahora detenido con líderes de la Mara.
En esos mensajes se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluida la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros. La información recabada resultó clave para sustentar la imputación y para acreditar la existencia de un plan concreto de ejecución.
El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer todas las posibles ramificaciones del caso y determinar el alcance real de las actividades de la organización en territorio nacional.