CSIF presenta un escrito ante la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía para pedir que cesen las altas a personal sanitario con diferentes patologías que se está reincorporando a sus puestos sin someterse a una valoración médica adecuada. “Hemos constatado un aumento en el número de altas médicas realizadas por la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la provincia de Cádiz; muchas de estas altas resultan claramente improcedentes, ya que no responden a criterios clínicos de mejoría del estado de salud del afectado y se lanzan incluso con informe desfavorable al alta del médico de cabecera y especialista que está tratando al trabajador”, recoge la central sindical en el documento, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es.
El sector de Sanidad de CSIF Cádiz rechazó hace unos días las altas “indiscriminadas” al personal del SAS. El número total de afectados es imposible de cuantificar, porque la Administración no aporta datos sobre este asunto, censuran desde la central sindical, que cree que se está poniendo en riesgo la recuperación de estas personas y, al mismo tiempo, perjudica a sus compañeros y al servicio esencial que prestan a la ciudadanía.
Una celadora de un centro de salud de la provincia de Cádiz, que a su vez hace labores de administrativa, fue operada de cataratas justo antes de decretarse el estado de alarma. Hace unas semanas contó en lavozdelsur.es su experiencia. Un mes después de las operaciones, sorprendentemente, recibió el alta. “Me dijeron que estuviera en reposo y que no forzara la vista durante la baja”, relata. Cuando se reincorporó a su puesto de trabajo, con lentes monofocales, estuvo las primeras dos semanas utilizando una lupa para poder ver los documentos. “Las ópticas aun no estaban abiertas y no me podían hacer ni unas gafas provisionales”, reseña. “Cuando abrieron me hicieron el favor y puede tener unas, pero con la lupa fui al trabajo durante 15 días”, insiste.
Otra empleada sanitaria, que tampoco quiere desvelar su identidad, cuenta que se enteró de su alta por un mensaje de texto recibido en su teléfono móvil. Esta trabajadora, que padece epilepsia y tiene muy bajas las defensas, fue dada de baja, supuestamente “hasta que pasara el Covid-19”, pero se reincorporó poco después a su puesto en un centro hospitalario de la provincia de Cádiz. “No me han hecho analítica, ni nada”, expresa en conversación con lavozdelsur.es. “Se supone que en la planta en la que trabajo no hay contagiados, pero nunca se sabe”, señala.
Verónica Bayo, auxiliar de enfermería en un centro de salud de Rota, estuvo seis meses recibiendo sesiones de rehabilitación tras sufrir fuertes dolores en uno de sus brazos, donde le diagnosticaron una calcificación en el hombro. “Cuando empezó la pandemia se cerró el área de rehabilitación y seguía haciendo ejercicio en casa, y yendo a trabajar, hasta que un día amanecí con el brazo inflamado. No podía ni coger un bolígrafo”, expresa. En ese momento le dieron la baja, y sin hacerle ningún examen médico, recibió el alta unos días después.
Por casos como los de estas sanitarias, CSIF pide a la delegación territorial de Salud que “revierta esta situación” y que no incumpla “lo establecido en el segundo marco director de la inspección de los servicios sanitarios de Andalucía 2020-2022”, donde se recoge que “es “competencia de la inspección de servicios sanitarios el garantizar que toda aquella persona trabajadora que precise clínicamente de una baja laboral tenga acceso a la misma mientras dure la situación que le incapacitó para el trabajo”.
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