Las trabajadoras de la Escuela Infantil Bocoy, propiedad del Ayuntamiento de Chiclana, denuncian los retrasos en los pagos de las nóminas por parte de la empresa privada Asisttel Servicios Asistenciales, desde que esta recibiera la concesión de este centro público en septiembre de 2017. "Desde el primer momento nos dicen que no pueden pagar según convenio, que no tienen liquidez para poder cumplir. Y la primera nómina de septiembre la cobramos el 28 de octubre de 2017, casi con dos meses de retraso", explica a lavozdelsur.es Ester Barrera, educadora infantil en Bocoy y delegada sindical.
La escuela Bocoy la abrió el Ayuntamiento de Chiclana en 2012, y desde su nacimiento siempre ha estado gestionada por una empresa privada. "No hemos tenido problemas cuando la ha llevado Clece. Esa sí nos pagaba bien, puntualmente. Pero cuando volvió a salir a concurso el servicio de atención socioeducativa de la escuela infantil Bocoy, le dieron la concesión a Asisttel. Desde el Ayuntamiento dicen que no miraron la parte económica, la solvencia económica de la empresa, sino el programa educativo", comparte Barrera, quien cada mes presiona a Asisttel a través de escritos para que page a las nueve trabajadoras —todas mujeres entre educadoras, auxiliares y dirección— del centro.
"Ellos van pagando cuando quieren. Por ejemplo, la nómina de diciembre todavía no la han pagado, y estamos ya a 8 de enero. A ellos les da igual", denuncia la delegada sindical. Ester Barrera se reunió con el Ayuntamiento chiclanero el pasado 14 de diciembre para saber si el futuro laboral de su centro educativo iba a seguir desarrollándose así. "El Ayuntamiento sí que les presiona, pero si yo no presiono, no sé lo que pasaría", destaca la educadora infantil a lavozdelsur.es.
"No entendemos que se permita licitar y gestionar un servicio municipal a una empresa que posee estas dificultades que le impiden hacer frente a las nóminas de las trabajadoras. Sentimos que, a pesar de estar trabajando, no gozamos de una estabilidad económica, viéndonos en situaciones inadmisibles de atrasos en el pago de hipotecas o alquileres, devolución de recibos de agua, luz..., de manera sistemática", señalan las trabajadoras, que trabajan 38 horas semanales y bajo un convenio que no se cumple. E insisten al gobierno local que medien para solventar esta situación lo antes posible.
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