“Quiero que se visualice mi historia, a ver si puedo alquilar una casa, aunque sea una habitación, con eso soy feliz”, dice Lourdes poco antes de colgar el teléfono. Antes, ha contado en qué consiste esa historia a la que se refiere, donde el paro lleva a la precariedad, luego llega un desahucio, de ahí a la infravivienda y posteriormente una huida apresurada por una derrama imposible de pagar de una casa que se cae a pedazos.
Lourdes Bocanegra es limpiadora. Ha ejercido en oficinas de distintas empresas, en centros hospitalarios gracias a planes de empleo… pero hace tiempo que está en paro. Ahora está en curso que organiza Cáritas, sobre mantenimiento de edificios. “Estoy ganando algo y al menos no estoy en mi casa sentada, dándole vueltas a la cabeza”, señala. En su casa, que es la de su madre, de 82 años. En ella conviven la octogenaria, un hermano de Lourdes, ella y dos de sus tres hijos.
Hace unos meses, poco antes del inicio de la pandemia, Lourdes y sus tres hijos, de 23, 14 y diez años, vivían en la calle Morenos de Jerez, en un antiguo taller rehabilitado por ella misma y su exmarido, donde pagaba 75 euros mensuales. Cuatro años estuvieron allí. Para entrar, cambiaron el suelo, pusieron un doble techo de pladur, cambiaron el baño, que era apenas una pequeña placa de ducha junto a la cocina, situada en el patio del inmueble. El cableado y las tuberías también las cambiaron. La relación con su exmarido se acabó hace dos años, y desde entonces convive con sus hijos.
Un día, empezaron las goteras en la vivienda que antes fue taller. “El seguro se presentó allí y vio que la viga estaba rota”, explica Lourdes, por eso estuvieron unos meses haciendo vida en el salón, en una litera en la que dormían los pequeños. “Luego llegó una factura de 2.000 euros porque había una fuga de agua”, señala. “Los dueños no podían pagarlo”. Ni ellos tampoco. “Me ofrecieron la casa de al lado, que estaba llena de humedades, pero cortaron el agua y empezaron a salir ratas. La declararon en ruinas”.
Lourdes vive, desde entonces, en casa de su madre, con dos de sus hijos —el mayor prefiere quedarse con un amigo— y un hermano con el que no se lleva demasiado bien. Desde marzo lleva buscando alquiler, “pero piden nómina”, y ella no tiene. Aunque cuenta con una cantidad suficiente para hacer frente al alquiler durante varios meses, ya que le concedieron la renta mínima y la tiene “guardada, no la toco hasta que no encuentre algo”. “He propuesto hasta pagar cuatro meses por adelantado, pero ni así”, señala.
El cambio lo sufrió especialmente su hijo menor, de diez años, que tiene reconocido grado de discapacidad del 33% a causa de una isquemia cerebral que le provocó un retraso madurativo. “No asimila bien los cambios”, cuenta Lourdes, que ya sufrió un desahucio antes de residir en esta infravivienda. “Estábamos en paro y mi suegra dejó de pagar un piso donde vivíamos, me fui antes de que viniera la policía y le dije a mi hijo que era caro y que no podíamos permitírnoslo”, relata.
“No quiero que me regalen nada”, insiste Lourdes, “solo quiero una casa que pueda pagar. Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna, pero no encuentro nada”. Con su presupuesto, de entre 300 y 350 euros, lo está teniendo muy difícil para encontrar un alquiler, aunque no deja de intentarlo. La asistenta social la incluyó en la lista de viviendas de emergencia social, "pero es larga", matiza Lourdes, que aún no ha tenido suerte.
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