Silvia Núñez ahora está “un poco mejor”, cuando habla con lavozdelsur.es han pasado 24 horas de su desalojo, aunque vive separada de sus hijos. Solo convive con el pequeño, de tres años, en casa de su madre. Los mayores, de once y seis años, están con familiares, en otras localidades de la provincia de Sevilla. Ella reside en Castiblanco de los Arroyos y este lunes tuvo que dejar la vivienda en la que entró hace dos años cuando se vio en paro y sin ingresos con los que da de comer a sus tres hijos. Al alcalde socialista de la localidad, José Manuel Carballar, no lo ha parado ni la emergencia sanitaria y social que se vive por la pandemia del coronavirus y terminó ejecutando el requerimiento del Juzgado de Paz de Castilblanco, que pedía que Silvia y los menores “desalojen la finca, al fin de proceder a la toma de posesión señalada el próximo 6 de julio de 2020”.
“Estaba tan mal —tras el desalojo— que me fui a casa de unos amigos”, cuenta Silvia a lavozdelsur.es. ”No podía ir a ver a mis hijos, no quería que me vieran así, se me partía el alma”, de ahí que decidiera trasladarse a la vivienda de su madre, donde está con el pequeño de tres años. “Esto es provisional, mis hijos están matriculados en el colegio en Castilblanco y tampoco puedo darle a mi familia la carga de mis hijos, yo soy la responsable, tienen que estar conmigo”, expresa la joven, que cuando recupere fuerzas asegura que acampará frente al Ayuntamiento. “Me pondré en la puerta, que es donde me han puesto ellos, en la calle”, señala.
La vida de Silvia nunca ha sido fácil. Hace unos años, en 2007, sufrió un accidente de coche en el que se rompió la cadera, algunas costillas y se dañó el hígado. Como consecuencia del impacto, perdió la audición completa del oído derecho y desde entonces tiene reconocido un grado de discapacidad del 40%. Sus hijos llegaron después de este percance. El mayor padece síndrome de Asperger y un grado de discapacidad del 46%. “Entre los dos sumamos más de un 80% y nos han echado a la calle”, se queja Silvia amargamente. Ni siquiera eso les ha servido para evitar el desalojo.
“Hay que seguir para adelante, ya está. Lo que quiero ahora es estar con mis niños cuanto antes”, expresa la joven. “Cuando tocas fondo lo único que puedes hacer es ir para arriba”, añade. Ella sabe lo que es luchar para criar a sus pequeños, ayudada por su familia y amigos cuando pueden, pero mayormente sola, buscando dinero debajo de las piedras para llenar la nevera y que no les falte de nada. “Me da cosa pedir dinero, si necesito leche o lo que sea, es lo que demando”. Ahora lo que más necesita es un techo.
El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, en un breve comunicado, informaba unos días antes del desalojo de Silvia y sus tres hijos de que había recibido 19 solicitudes en la convocatoria abierta para adjudicar en régimen de alquiler social la vivienda municipal en la que residían, situada en la avenida de España de la localidad. El Consistorio incluye entre los requisitos no superar unos ingresos mínimos —sin especificar cantidad—, carecer de vivienda y estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda Municipal a fecha de 31 de diciembre de 2019. Silvia Núñez es una de las solicitantes, y cumple los requisitos, aunque duda de que sea la agraciada en el "sorteo público" que se realizará.
En la casa aun hay muebles y pertenencias de la joven. “Está la cocina completa, sofá, mesa, sillas, camas, un termo…”, enumera, esperando poder recuperarlo pronto. Hace dos años, pasando un día por la puerta, Silvia se fijó en que la vivienda estaba vacía. “Tenía una cortina puesta en la puerta, llamé para ver quién vivía y no había nadie”, relata. “Solo había cagadas de rata, botellas rotas y restos de haber encendido un fuego”. Aun así, entró y se propuso hacerla habitable. La primera noche la pasó sentada en una silla, junto a una mesa, sin luz, iluminada por una farola cercana. Luego empezó a pintar y a amueblar poco a poco, con los enseres que le iban donando familiares y amigos.
“No tenía ayuda, estuve de alquiler mientras pude pagarlo, pero se me acabó la ayuda familiar y las pocas horas que trabajaba a la semana”, cuenta Silvia, echando la vista atrás. Así perdió su vivienda y por eso, con tres hijos a su cargo, decidió entrar en una casa municipal que estaba abandonada y que ha adecentado en este tiempo. “Siempre iba muy asfixiada, pidiendo ayuda a mi familia”, relata, pero llegó un día que no pudo seguir pagando gastos de alquiler y suministros. “Soy solicitante de vivienda desde 2016… y hasta ahora, nada”, agrega.
El estrés provocado por el desalojo de la vivienda hizo que Silvia tuviera que ser atendida por un ataque de ansiedad. “Me puse malísima, me iba a dar un infarto, tenía un dolor en el pecho, estuve vomitando… creía que me moría allí mismo”, relata. A ella la acompañaron vecinos, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de Nueva Izquierda Verde de Andalucía (NIVA) e Izquierda Unida, la formación que más ha luchado para intentar que se quedara en la vivienda. “Durante varios días hemos intentado convencer al alcalde de Castilblanco por tierra, mar y aire, a través de altas instancias de su propio partido, para que, al menos, dejase a Silvia pasar el verano buscando una alternativa, otro sitio, con ayuda de nuestra gente, para desalojar la vivienda pública por las buenas”, expresa Manuel Lay, coordinador provincial de IU en Sevilla. 
"Silvia, tres hijos, sin empleo, no ha recibido atención en los servicios sociales de Castilblanco para intentar solucionar su problema; su desahucio de una vivienda municipal estaba forzado, sí o sí, por el alcalde (del PSOE); incluso me dice que ha bastado ser apoyada por nuestro grupo municipal de allí para que el alcalde se encabritase en echarla de la vivienda”, apunta Lay en su blog, quien asegura que “al alcalde de Castilblanco en su partido lo consideran un verso suelto que no atiende a más razón que sus 40.000 euros de sueldo”.
“De nada han servido algunos intentos realizados hasta minutos antes de irnos del número 109 de la Avenida de España, antiguas casas de maestros que, se supone, hoy son propiedad del Ayuntamiento. Pero, sobre todo, lo peor de todo, es lo que mi compañero Paco —Tejado, abogado de IU Sevilla— ha calificado de actuación ignominiosa, ilegal, abusiva y contraria a los derechos humanos de un individuo llamado José Manuel Carballar, que por muy alcalde y por muy militante de un partido que se llama socialista y obrero, lo único que ha demostrado merecer es indignidad y desprecio”, lamenta Lay. El asunto ha sido trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz. Mientras, Silvia y sus hijos buscan a la desesperada un techo bajo el que volver a reunirse.
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