La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el inicio de la vista oral contra Ana María B.L., la mujer de 38 años que se enfrenta a prisión permanente revisable acusada de asesinar a su hijo de siete años en 2019 en su domicilio de Huércal de Almería. La acusación particular, que no ve trastorno psiquiátrico, califica la muerte del pequeño como un asesinato con las agravantes de parentesco y alevosía, y añade, con respecto a la calificación de la Fiscalía, las agravantes de abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias del lugar, ensañamiento y abuso de confianza.
El jurado popular deberá dirimir, tras la práctica de prueba en la vista oral, si la procesada padece un trastorno psicótico agudo y transitorio que le ocasionó "una alteración parcial de sus facultades volitivas" o si, en el momento del crimen, no sufría ningún trastorno "más allá de los sentimientos de tristeza, rabia e impotencia por la situación que estaba viviendo de rechazo de la expareja y del hijo, situación que no mermaba su capacidad de conocer y obrar".
Entre los hechos que deben enjuiciarse está, asimismo, si Ana María B.L., tras causar la muerte a su hijo por estrangulamiento con un lazo en el domicilio familiar, se dispuso "con total premeditación y conciencia a vestir al menor, preparar una pequeña mochila con enseres de aseo y 1.400 euros en efectivo para huir de la escena".
La acusación añade que se "cruzó mientras cargaba al menor en dirección al coche" con una vecina "a la que llamó la atención que, siendo las 9.30 horas, siguiera durmiendo", quien "llegó a preguntar por este hecho a la acusada", que "no contesto nada y se dispuso a pedirle ayuda mientras sostenía al menor en sus brazos ya muerto, para que la propia vecina le sacara las llaves del bolsillo y le abriera el coche, ayudándole la testigo ajena a los hechos y sin notar en ningún momento síntomas de nerviosismo o arrepentimiento".
La acusación particular sostiene, asimismo, que cuando fue detenida en El Ejido tras intentar atropellar a los agentes en el vehículo en el que viajaba junto al cuerpo sin vida en el asiento del copiloto, "presentaba pequeños arañazos en la cara y mostraba únicamente interés en la mochila que portaba con los 1.400 euros, con una actitud de máxima frialdad y tranquilidad".
El jurado popular deberá dirimir en juicio si existen, al margen de dos delitos de lesiones psíquicas al padre y los abuelos paternos del niño que imputan a la procesada ambas acusaciones, dos delitos contra la integridad moral y si, por tanto, como sostiene la acusación particular "intentaba causar el mayor daño posible al padre del menor" y si la familia paterna está padeciendo "afectación de su estado de salud, con síntomas de trastorno de estrés postraumático, y afectación en el desarrollo de sus actividades cotidianas".
El Ministerio Público sostiene que Ana María B.L. causó la muerte a su hijo Sergio en la mañana del 10 de octubre de 2019 "mientras se encontraba, de forma confiada e inocente, tumbado en la cama del dormitorio principal de la vivienda y era totalmente ajeno a la intencionalidad criminal" de su madre.
La fiscal María Ángeles González Magán remarca que la acusada "era plenamente consciente" de la superioridad "que le otorgaba la edad y la "diferente estructura corporal" y que "le ocasionó la muerte de forma deliberada cuando se encontraba totalmente desprevenido y con absoluto desprecio a la vida de su hijo menor".
"De forma súbita y repentina, de modo que la víctima no podía de ninguna forma esperar tal ataque proveniente de la misma, procedió con evidente y desproporcionada fuerza física a colocar un lazo de tela en el cuello del menor y apretar hasta asfixiarlo, provocándole la muerte debido a la gran presión ejercida y ello con plena conciencia de asegurarse tal resultado mortal al no tener la víctima oportunidad de defenderse habida cuenta su condición vulnerable y su natural indefensión", subraya.
Al margen de la pena de prisión permanente por un delito de asesinato con alevosía, el Ministerio Público interesa que se prohíba a Ana María B.L. residir en el lugar donde reside la familia de Sergio o acudir al lugar en el que se ha cometido el crimen por periodo de 30 años, y se fije alejamiento a un kilómetro de los allegados por parte de padre.
Como responsable civil directa, solicite que indemnice con 300.000 euros a su exmarido, con 160.000 euros a cada uno de los abuelos paternos y con 120.000 euros a cada uno de sus tíos "para reparar" el daño moral causado. Por el delito de atentado a autoridad, solicita la pena de 18 meses de prisión.
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