El Tribunal de Cuentas auditará cualquier partida de las confesiones religiosas existentes en el país.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará la financiación de la Iglesia Católica española en 2018, tras aprobarse en pleno por unanimidad, según informa la Cadena Ser, por lo que los consejeros de esta institución aprueban que la auditoría abarque gastos e ingresos en las cuentas de la Iglesia y el resto de confesiones (judíos, evangélicos y musulmanes), englobando subvenciones y todas las ayudas públicas que reciben. El Congreso rechazó en febrero, cuando lo propusieron PSOE y Unidos Podemos, que el órgano fiscalizador realizase un informe de fiscalización sobre los recursos públicos que recibe del Estado a través del IRPF —por los votos en contra de PP y PNV—, cifrada por el diputado socialista Antonio Hurtado en 259 millones anuales, un "dinero que ha salido del bolsillo de los contribuyentes", añadiendo que por la casilla del IRPF ingresó más de 1.240 millones de euros entre 2010 y 2015.
La idea inicial, como relata la periodista Pilar Velasco, es llevar a cabo una actuación bianual entre el 2018 y 2019 en el plan de actuación para 2018. Así, se incorporará “a la Iglesia Católica al proceso de transparencia y control. Las confesiones religiosas son beneficiarias de recursos públicos y no podíamos admitir desde el Congreso que no se sometiesen a fiscalización”. La Iglesia, según lo establecido por el Concordato con la Santa Sede solo aporta una memoria anual, “poco explícita”, donde se define “la distribución territorial de los recursos pero sin los detalles necesarios”, dice el diputado socialista. Además, se beneficia de exenciones fiscales en prácticamente la totalidad de los impuestos que existen en España. La fiscalización de las confesiones religiosas, que incluye el Tribunal de Cuentas de cara a 2018, se incluye forma parte de un centenar de actuaciones que los consejeros llevarán a cabo el próximo ejercicio.
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