La patronal de centros concertados Escuelas Católicas tilda la orden ministerial sobre las directrices de evaluación de este curso como "contraria a la ley vigente y a la propia Constitución" porque "delega competencias" a las comunidades que son propias del Estado, asegura, "y genera graves diferencias territoriales".
En un comunicado, Escuelas Católicas acusa el ministerio de Isabel Celaá de "ahondar" estas desigualdades al delegar en las comunidades autónomas los criterios sobre promoción de curso y titulación en ESO y Bachillerato "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes".
La patronal de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos recuerda que la ley orgánica vigente establece que "no se podrá pasar de curso con más de tres materias pendientes en ESO o de dos en Bachillerato; y no se obtendrá el título de Bachiller sin haber aprobado todas las áreas".
"Asimismo, según establece nuestra Constitución, corresponde exclusivamente al Estado fijar los requisitos para la obtención de títulos académicos oficiales; no es una materia delegable, ni tampoco es susceptible de modificación por la normativa dictada en el marco del estado de alarma", añaden desde Escuelas Católicas.
Esta patronal de centros educativo se muestra partidaria de que el tercer trimestre del curso, que se está desarrollando a distancia tras la suspensión de las clases por el coronavirus, "tenga una evaluación en general positiva, pero con una clara finalidad de refuerzo o mejora de nota que permita premiar el trabajo en casa de los alumnos".
Sin embargo, reclama que a la hora de evaluar este curso se apliquen "en todo el Estado" los criterios de promoción y titulación contenidos en la ley orgánica "tal y como señala la Constitución".
Los estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional podrán promocionar y titular este curso, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas, como confirma la orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La orden, que recoge los acuerdos alcanzados por el ministerio que dirige Isabel Celaá y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril, establece que la repetición de curso debe ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantiene suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pueda "perjudicar" al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia.
En ese sentido, la orden ministerial firmada por Celaá, que entra en vigor este sábado, permite a las comunidades autónomas competentes "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes".
Fuentes del Ministerio de Educación precisan a Europa Press que esta orden "no modifica el ordenamiento jurídico vigente" y pretende fomentar una evaluación "de manera global" del alumnado ante las circunstancias "extraordinarias" de este final del curso, con más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias siguiendo las clases a distancia confinados en sus hogares.
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