La justicia investiga a tres antiguos vicerrectores por el supuesto uso irregular de tarjetas corporativas.
El rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo González Mazo, ha destacado la "máxima colaboración" con la justicia en la investigación iniciada sobre tres antiguos vicerrectores por el supuesto uso irregular de tarjetas corporativas, al tiempo que ha hecho un llamamiento en favor de la presunción de inocencia para el profesorado hasta que finalmente un juez dirima las responsabilidades pertinentes.
Así lo ha manifestado el rector al ser preguntado sobre una información que adelanta este viernes 'Diario de Cádiz' relativa a que la Fiscalía ha denunciado a tres miembros del equipo del antiguo rector Diego Sales por el posible uso fraudulento para fines personales de las tarjetas corporativas de la institución.
Como se recordará, el caso de las presuntas irregularidades en las tarjetas Visa de la UCA salió a la luz en 2014, anunciándose en diciembre de ese año el encargo de un análisis pormenorizado de la aplicación de los gastos efectuados con dichas tarjetas por el anterior equipo de dirección entre 2007 y 2011. Cabe señalar que el actual equipo de dirección decidió suspender estas tarjetas tras su elección en 2011, siendo una "política de trabajo" que llevaba en su programa.
González Mazo ha expresado este viernes "máximo respeto" a las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo y también la "colaboración máxima" que se ha prestado desde la UCA a la Fiscalía, que requirió la documentación resultante de la auditoría realizada sobre los gastos con dichas tarjetas por parte de 18 cargos académicos.
Ha detallado que la auditoría, que ha generado más de 5.400 documentos, se ha desarrollado durante algo más de ocho meses y concluyó a finales de julio de 2015. En septiembre de ese año, la Fiscalía -que está recibiendo documentación de la auditoría desde abril del pasado año- hizo llegar un decreto por el que archivaba las diligencias hacia 15 cargos académicos, continuando en el caso de los tres restantes.
González Mazo ha asegurado que desde eses momento no han tenido ninguna otra comunicación oficial por parte de las autoridades judiciales. En su opinión, esto quizás se deba a que, tal y como ha "leído" este viernes en la prensa, la Fiscalía ha entendido que serían infracciones individuales -sin indicios de trama organizada- que han dado pie a denuncias personalizadas por posibles delitos de estafa, malversación y falsedad documental.
Finalmente, el rector ha apuntado que, a petición de las personas cuyos gastos fueron evaluados, las conclusiones de la auditoría se hicieron públicas en el Boletín Oficial de la UCA del pasado mes de marzo.
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