El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, en relación al rescate de Air Europa.
Se trata de la primera vez que la Justicia acuerda investigar la concesión de esa ayuda millonaria, lo que supone un paso relevante en el escrutinio judicial de una operación que movilizó 475 millones de euros de fondos públicos y que fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020.
El juzgado ha citado ya al responsable del sindicato, Miguel Bernad, para que comparezca en calidad de denunciante el próximo miércoles 22 de abril a las 12:00 horas en la sala de vistas del tribunal. El objeto de esa citación es realizarle el "ofrecimiento de acciones" y tomarle declaración en relación al delito de prevaricación administrativa del que acusa al 'número dos' de la SEPI por la concesión de la ayuda a la aerolínea de Globalia.
Manos Limpias pide que se investigue si la ayuda "fue impuesta" por el Gobierno
En su denuncia, interpuesta ante la Justicia el pasado diciembre, Manos Limpias recordó que era Lora quien —"ejerciendo entonces funciones delegadas de presidente del consejo gestor"— gestionaba el fondo de apoyo a empresas estratégicas del que salió el dinero entregado a Air Europa. El sindicato instaba al magistrado a impulsar que este alto cargo tuviese que "aclarar si fue impuesta la ayuda desde" el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y también a interrogar al exministro socialista José Luis Ábalos sobre la supuesta existencia de "una reunión secreta" en su domicilio "donde se pactaron las condiciones del pago del segundo plazo del rescate a Globalia".
Entre las presuntas irregularidades señaladas en la denuncia figura que la aerolínea mantendría deudas con Hacienda —que el denunciante cifra en casi 59 millones de euros en concepto de "cuotas e intereses"— lo que, según Manos Limpias, le habría impedido ser rescatada, dado que uno de los requisitos establecidos era el de "no tener deudas" con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
El sindicato también subraya que la sociedad beneficiaria de la ayuda fue, formalmente, "Air Europa Holding SLU", constituida menos de un año antes de recibir los fondos, concretamente el 20 de diciembre de 2019. "Nos parece una ilegalidad absoluta que una sociedad con menos de un año de vida se pueda acoger a un préstamo procedente de Europa de 475 millones de euros, en condiciones tan ventajosas", señalaba al respecto la denuncia.
La denuncia apunta al fraccionamiento del rescate
Otro de los aspectos más llamativos de la acción penal tiene que ver con la dimensión europea del rescate. Según la denuncia, el importe total fue fraccionado en dos créditos —de 240 y 235 millones de euros respectivamente— con el presunto objetivo de "evitar el control de la Comisión Europea", que habría fijado en los 250 millones de euros la cantidad límite que obligaba a solicitar autorización previa a Bruselas.
La decisión judicial supone el primer paso para analizar si la ayuda aprobada por el Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ajustó a los requisitos legales que regulaban ese mecanismo. La investigación se centra en el presunto delito de prevaricación administrativa y pone el foco directamente sobre Bartolomé Lora Toro, el 'número dos' de la SEPI en el momento en que se gestionó y aprobó el rescate.