La próxima semana se podrá pujar por cinco inmuebles turísticos que son propiedad de la Junta de Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado el anuncio de la convocatoria por la que saldrán a subasta por un total de 11,5 millones de euros tres villas turísticas cerradas desde hace una década y dos residencias de tiempo libre que gestionaba la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo pero que el propio Gobierno andaluz ha renunciado a explotar.
Las ofertas se podrán presentar hasta el 31 de julio con la intención de que todo se formalice en el mes de septiembre, según ha informado la Consejería de Economía y Hacienda. Las antiguas villas turísticas que salen a subasta son las de Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla; Fuenteheridos, en el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, y la granadina de Huéscar (Hotel-Villa Pinar de la Vidriera). Además, esta subasta incluye las antiguas residencias de tiempo libre de Siles, en la provincia de Jaén, y de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada).
La Junta decidió hace unos meses subastar los inmuebles turísticos después de recibir interés manifestado por operadores turísticos especializados, que aportarían inversión y profesionalidad a una actividad que para la Junta de Andalucía suponía una pérdida anual de más de catorce millones de euros, que tenía que cubrir detrayendo recursos de otras prioridades. Todo ello a pesar de que las residencias de tiempo libre se encontraban en funcionamiento.
El precio de salida en la primera subasta de los cinco inmuebles que se ponen a la venta es de casi 11,5 millones de euros en conjunto. La residencia de tiempo libre de Pradollano constituye el lote con el precio de salida más elevado, casi 8,7 millones de euros. La de Siles parte en la subasta con un precio de salida de algo más de un millón de euros. Por su parte, las villas turísticas de Cazalla de la Sierra y Fuenteheridos rondan los 380.000 euros de salida, mientras que la de Pinar de la Vidriera tiene un precio mínimo inicial de más de 970.000 euros.
Entre 2015 y 2022, la Junta de Andalucía gastó 108 millones de euros más de los que ingresó por la explotación de estos establecimientos. Asimismo, la Junta ha llegado a un acuerdo con la plantilla de trabajadores públicos de estas residencias para reubicarlos en otros servicios de la administración autonómica, con mejores condiciones de estabilidad.
Sólo las villas turísticas cerradas le han costado a la administración autonómica al menos 24 millones de euros desde 2009, cuando se produjo la cesión de las mismas, adscritas entonces a la Empresa Pública Turismo Andaluz (EPTA), hoy Empresa Pública de Gestión del Turismo y del Deporte, a la sociedad Red de Villas de Andalucía. Además, el mantenimiento de las villas sin uso suponía un gasto de casi 500.000 euros anuales.