El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha negado ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a aclarar si emitirá un informe favorable sobre la Proposición de Ley que han presentado Ciudadanos, PP y Vox en el Parlamento de Andalucía que prevé la legalización de 1.400 hectáreas irregulares de regadío.
El portavoz, Elías Bendodo, ha rechazado hasta en dos ocasiones contestar esta pregunta y ha buscado cerrar el tema diciendo que “si el Gobierno se tiene que pronunciar, lo haremos sin problemas”. En este sentido, ha señalado que será la consejería competente la que se pronuncie a través de sus técnicos.
Desde la Junta de Andalucía insisten en lo que han llamado “revolución verde”, pese a que diferentes asociaciones ecologistas ya han manifestado que esta ley puede ser la puntilla para el Parque Nacional ya que, actualmente, no hay agua para todos, según denuncian estas asociaciones. Bendodo se escuda en “derechos históricos y heredados”, algo que niegan los ecologistas.
A la vez que el portavoz afirmaba que “el presidente se cree la protección del medio ambiente”, también aseguraba que “un parque debe ser un elemento de crecimiento en el entorno”. Además, ha garantizado que Doñana “no se va a haber afectado”, pese a que supone la alteración del principal acuífero de la zona.
La Junta de Andalucía también ha acusado al resto de partidos de ver “una oportunidad política” con este tema, en referencia al anuncio de Unidas Podemos y Adelante Andalucía de denunciarlo ante los tribunales y la Comisión Europea. El portavoz ha defendido la tramitación como Proposición de Ley para que “sea consensuada”, sin embargo, el texto se ha presentado sin llevarlo previamente al Consejo de Participación de Doñana.
Por su parte, Moreno Bonilla ha defendido durante el día de hoy la amnistía de estos agricultores ilegales, “están a 30 kilómetros del Parque”. El presidente ha incidido en los “derechos históricos”.
La posición del Gobierno de España es completamente contraria. Pese a ello, el PSOE-A se ha puesto de perfil en el tema y se emplaza a estudiar el texto. El que se ha opuesto a la ley ha sido Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Morán ha tachado la iniciativa de “engaño al sector” y ha pedido a la Junta de Andalucía “vetar la ley”.
Morán también ha anunciado que el Gobierno, responsable de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, “no se va a desviar ni un milímetro del plan de 2014”, por lo que rechaza dar agua a los agricultores que legalice la nueva ley que se está tramitando. Por último, el secretario de Estado ha querido dejar claro que los derechos históricos a los que se refiere la Junta “no existen”.
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