El Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado este miércoles su rechazo a participar en lo que considera un escenario de "polarización y división" derivado de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la administración autonómica ha evitado aclarar si interpondrá un recurso contra el real decreto aprobado el pasado martes, centrando su discurso en la necesidad de gestionar los flujos migratorios de manera institucional.
Las consejeras de Economía y Hacienda, Carolina España, y de Inclusión Social, Loles López, han comparecido de forma conjunta para fijar la postura del gabinete de Juanma Moreno. España, en su calidad de portavoz, ha subrayado que la posición del Gobierno andaluz ha sido "siempre" la de apostar por una "regularización ordenada y legal" de las personas inmigrantes. Con este mensaje, la Junta busca distanciarse de las formas empleadas por el Ministerio, sin entrar de momento en la vía judicial.
Por su parte, la consejera Loles López ha incidido en que el Ejecutivo autonómico mantiene inalterable su defensa de una "migración regulada y ordenada". López ha criticado tanto el momento como el procedimiento elegido por el Gobierno de España para sacar adelante esta medida, sugiriendo que las formas podrían responder a una estrategia deliberada. "Lo que está claro es que lo que ha generado, quizás era eso lo que buscaba, es polarizar y dividir", ha aseverado la titular de Inclusión Social ante los medios.
Ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía recurra el decreto ante los tribunales, la consejera López ha declinado ofrecer una respuesta concreta. La representante ha argumentado que ofrecer un posicionamiento jurídico o político más profundo en este instante solo serviría para alimentar el enfrentamiento social. "Cualquier posicionamiento que yo haga en este momento va a contribuir a la división y a la polarización", ha reiterado para justificar el silencio administrativo sobre el recurso.
La Junta no aclará qué hará
López ha insistido en que el Ejecutivo andaluz no está "en eso" y que su prioridad es mantenerse al margen de una disputa que, a su juicio, fractura a la opinión pública.
Finalmente, la consejera ha concluido que "la posición de Andalucía" ante esta controversia nacional será la de "seguir trabajando por Andalucía y no entrar en divisiones". Con este cierre, el Gobierno andaluz deja en el aire su respuesta legal al real decreto, supeditando cualquier acción futura a un clima de menor crispación política, mientras reafirma su modelo de gestión migratoria basado en el orden y la legalidad como pilares fundamentales.
