La Viceconsejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha resuelto inadmitir una solicitud de información pública relacionada con el gran apagón eléctrico ocurrido en toda España el 28 de abril de 2025. La petición, registrada cinco días después del incidente, reclamaba el acceso a “cualquier informe del Centro de Ciberseguridad de Andalucía o cualquier otro organismo o institución dependiente de la Junta de Andalucía” que justificara las declaraciones del presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien apuntó públicamente que “solo con los datos de Andalucía un apagón de esta naturaleza puede ser un ciberataque”.
La resolución, firmada el 18 de junio por el viceconsejero Tomás Burgos Gallego, aclara que no existe ningún documento en los términos solicitados, lo que impide su entrega conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Según el texto legal, solo se considera información pública aquella que ya haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones del organismo competente.
Sin informe, pero con comunicación verbal
Aunque el informe como tal no existe, la resolución detalla que el mismo 28 de abril, tras producirse el apagón a las 12:33 horas, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) quedó totalmente inoperativo por el “cero eléctrico”. Ante esta situación, y a petición del consejero de la Presidencia, desde el centro se ofreció una respuesta verbal en la que se explicó que “no se había recibido ninguna información por parte de los organismos del Gobierno de España competentes en la materia” y que, en ese momento, “el ciberataque se presentaba como una hipótesis probable”.
Con esa comunicación interna, a las 13:15 horas, Moreno Bonilla trasladó a la opinión pública que “por ahora, todo apunta a que puede ser un ciberataque, pero no tenemos constancia, porque no hemos tenido comunicación del Gobierno, ni tenemos certidumbre”.
La respuesta del Ejecutivo andaluz subraya que la preexistencia del documento es un requisito indispensable para que se reconozca el derecho de acceso a la información. En consecuencia, al no existir soporte documental que sustente los datos mencionados por el presidente, la solicitud fue inadmitida. No obstante, se proporciona una reconstrucción de los hechos a partir de las comunicaciones verbales y los antecedentes disponibles.
El texto añade además un contexto de ciberseguridad en Andalucía durante el año anterior. En 2024 se gestionaron 11.203 incidentes de seguridad, lo que supuso un incremento del 44 % respecto al año anterior. Más del 80 % de estos fueron provocados por contenido dañino, intrusiones, fraudes y compromisos de información. A nivel estatal, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó 97.348 incidentes, de los cuales 341 afectaron a operadores críticos, y 30 correspondían al sector de la energía.
El documento finaliza indicando que esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque abre la posibilidad de presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en el plazo de un mes o bien un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. De esta manera, la Junta se acoge al marco legal vigente y rechaza que existieran pruebas documentales que avalaran las primeras sospechas públicas sobre un posible ataque informático.