La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció hace un año la forma de reparto de Amazon a través de repartidores autónomos que utilizaban su propio vehículo para el reparto de paquetes a través de lo que la empresa denominó Amazon Flex y recientemente, el sindicato ha podido obtener los datos referentes a las personas repartidoras que han sido dadas de alta de oficio durante este proceso, casi 4.000 personas.
En Madrid se han contabilizado 2.100 personas lo que supone 3 millones de euros sobre el coste de cuotas no satisfechas al Régimen General de la Seguridad Social, además de la multa por este modelo que se ha demostrado como fraudulento. En el caso de Barcelona han sido 1.905 personas dadas de alta y el acta de liquidación asciende a 3 millones de euros. En total, en las dos provincias, se ha dado de alta a cerca de 4.000 personas, casi seis millones de euros de ingreso en las arcas de la Seguridad Social, pero aún quedan provincias en las que se debe terminar la actuación de la Inspección de Trabajo.
Este proceso iniciado tras la denuncia de UGT depara un futuro de nuevos procesos judiciales, con la diferencia que esta vez contamos con el precedente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Glovo. La Inspección de Trabajo y la normativa actual son herramientas suficientes para evitar el fraude laboral, de manera que una nueva regulación solo permitiría que las plataformas pudieran influir en el poder legislativo para conseguir las modificaciones necesarias para consolidar un modelo sin derechos laborales y sin aportar a Seguridad Social.
Si en estos días, Amazon, con su campaña de Amazon Prime Day, es capaz de tirar los precios para ofrecer productos más baratos es porque utiliza un modelo laboral fraudulento en el que se ahorra gran cantidad de dinero rebajando las condiciones laborales de sus trabajadores. Esta forma de competir en el mercado supone un modelo económico tremendamente peligroso.
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