Antonio nació en 1935, apenas un año antes de que estallara la Guerra Civil, en Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz. Tenía apenas un año cuando se quedó sin padres. Huérfano nada más nacer. Su abuela materna lo crió. “Los mataron los franquistas”, cuenta con crudeza. Él se enteró mucho tiempo después, cuando regresó de la mili. “Había tanto miedo…”, expresa. “Imagínate lo que sentí cuando lo supe, los veía todos los días pasando por mi lado”, dice, en referencia a los verdugos que acabaron con la vida de su padre. ¿El motivo? Haber cortado leña sin permiso. Se la dio quien era alcalde del municipio por aquel entonces, Juan Gutiérrez Barea (de Izquierda Republicana), conocido como Juanito el del Nogal, que también fue fusilado, en octubre de 1936, frente a la tapia del cementerio de Villaluenga. “Cuando estalló el Movimiento (Nacional), a mi padre porque limpió las encinas y al alcalde porque le dio el permiso, a los dos los mataron. Mi abuelo se escapó, le pegaron un tiro en un brazo y se pudo ir, pero en El Bosque lo rodearon unos escardadores y le quitaron la vida con un escardillo —apero de labranza—”.

Su madre no corrió mejor suerte. Murió después de sufrir una paliza “por ser la mujer de un rojo”, cuenta Antonio. “¿Qué va a sentir uno? Rabia. He pasado muchas calamidades y miserias porque mataron a mi familia”, dice. “Eso no se me ha borrado a mí, ni se me borrará hasta que me muera, se me quedará eso en el cuerpo. Eso no se va”. Los familiares de Antonio son algunos de los 20 vecinos de Villaluenga que constan inscritos en los registros civiles de la Sierra de Cádiz como víctimas de la represión, unas cifras que aporta el documento La represión fascista en la Sierra de Cádiz: Una aproximación cuantitativa desde los registros civiles y archivos municipales, de Fernando Romero Romero, miembro del grupo de investigación Patrimonio Documental y Bibliográfico de Andalucía y América, englobado dentro del proyecto Todos los nombres.

“En la comarca encontramos un total de 34 ejecuciones por condena a muerte inscritas con las fechas extremas de 16 de junio de 1937 y 26 de marzo de 1938 en los registros civiles de Algodonales, Arcos de la Frontera, Espera, Grazalema, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Villaluenga del Rosario y Villamartín”, apunta el estudio de Romero Romero, que añade que “los meses de mayor intensidad de la represión, en los que se producen las grandes matanzas, son agosto y septiembre de 1936”, un periodo en el que Antonio cree que acabaron con la vida de sus padres. “Manejaban el pueblo como si fuera un cortijo, como si fueran los dueños”, apunta, al tiempo que lamenta el triste final que tuvieron sus familiares, abuelo, tío, padre y madre. “Si hubieran sido unos criminales, pues mira, habrían pagado con lo que habían hecho, pero mi padre era una persona que no se había metido nunca en nada, lo que había hecho era darle de comer a los que tenían hambre”. Pero era socialista, confiesa, “y fue al primero que mataron”.

Al verdugo de su padre, dice, se lo cruzaba todos los días por las calles de Villaluenga. Un día le echó valor y le dijo que sabía que había sido él quien acabó con la vida de su progenitor. El supuesto ejecutor lo negó en un principio, pero acabó confesándolo. “Lo maté porque me lo dijeron”, recuerda Antonio que le espetó. “Y me contó quién lo había mandado. Él apretó el gatillo porque otro lo mandó”. Pero nunca se planteó denunciar los hechos, ni una vez pasada la dictadura. “Si muevo algo me pegan dos tiros a mí también”, dice.

Antonio no entiende a los que dicen que hablar de memoria histórica es “remover el pasado”. “No hombre, eso no es remover nada, España se tiene que enterar de su historia, porque un pueblo sin historia no es nada. Hay que conocer lo que se hizo, por las dos partes, que yo no salvo a ninguno”, apunta. Por eso no entiende que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se vanaglorie de dejar a “cero” la Ley de Memoria Histórica, con su famosa frase: "La dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. “Es un hijo de… es la palabra más bonita que me sale”, dice este vecino de 82 años de Villaluenga al que le arrebataron sus padres nada más nacer.

Los huérfanos de guerra

Los municipios de la provincia de Cádiz elaboraron, entre 1941 y 1945, censos de huérfanos de guerra que se conservan en los archivos municipales de Alcalá del Valle, Bornos, Espera, Puerto Serrano y Ubrique, según explica Fernando Romero Romero en su trabajo ya mencionado. “El Archivo Histórico Provincial de Cádiz conserva los censos de todos los pueblos de la provincia. Por otra parte, los archivos municipales de Algodonales, Grazalema, Ubrique y Villamartín conservan los expedientes formados para la inclusión de los huérfanos en los censos municipales”, abunda.

El formulario de estos censos recoge el nombre del huérfano, edad o fecha de nacimiento, domicilio, causa de la orfandad, domicilio, nombre y parentesco del familiar a cuyo cargo se encuentra. “No todos los censos expresan con igual claridad la causa de orfandad, que es el concepto que nos permite identificarlos como hijos de padres represaliados”, explica Romero Romero, unos documentos en los que se utilizan términos como “aplicación de bando de guerra”, “ajusticiado”, “desaparecido”, “sancionado en consejo de guerra”, “sancionado”, “fusilado” o muerto “por revolución”.

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