Huelga general en Andalucía contra el 'Icetazo' en todos los servicios públicos

Convocada por los sindicatos Ustea, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla y co.bas

Una imagen de archivo de una huelga.
Una imagen de archivo de una huelga.

Los sindicatos Ustea, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla y co.bas han convocado una huelga general para este 28 de octubre en Andalucía, en el marco de una huelga general estatal en todas las administraciones públicas, contra el llamado Icetazo porque "las personas que están en abuso de temporalidad necesitan una solución que sea justa".

Según los sindicatos, "el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no solo no soluciona el problema, sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, con el despido forzoso y con indemnizaciones que supondría la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas. No aporta soluciones a la temporalidad e incluso, promueve la precarización de las plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza a las y los usuarios de los servicios públicos, por lo que es una amenaza latente para la continuidad de los servicios públicos, y –en definitiva– no contempla ninguna solución al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad

"Por todo lo expuesto y porque queremos medidas reales de consolidación de las personas en situación de abuso de temporalidad convocamos huelga general el 28 de octubre del 2021. Esta convocatoria de huelga será apoyada por SAT, Autonomía Obrera, CTM, CTA CNT-AIT, IAC, ISTA-Intersindical, Intersindical Valenciana, CUT Aragón, CUT Galiza, STEM, SUATEA, Somos Sindicalistas, SAS, así como numerosas plataformas de empleadas y empleados públicos y coordinadoras de todo el estado y todas las administraciones", señalan. 

Esta huelga tiene como objetivo fundamental que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público articule las iniciativas necesarias que permitan dotar de un marco legal para dar estabilidad al personal afectado por el abuso de la temporalidad en la administración local, autonómica y estatal, así como el fortalecimiento de todos los servicios que se prestan a la ciudadanía desde la Administración Pública. 

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