El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra Daniel Rivera Gómez, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El auto, dictado el pasado 24 de marzo de 2026, convierte esta causa en la última pieza de la casi interminable macrocausa de los ERE en Andalucía que llega al umbral del juicio oral, y pone el foco en una operación que el propio Tribunal de Cuentas definió como "un acto de disposición de fondos públicos carente de la más mínima justificación en cuanto a su finalidad e interés público".
La empresa beneficiaria fue Nature Pack Minas de Riotinto, S.A., un fabricante de productos de plástico y embalajes de la provincia de Huelva, que entre julio de 2008 y mayo de 2010 recibió de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Junta un total de 1.240.060,16 euros en préstamos y subvenciones.
La mayor parte de ese dinero, recoge el auto del juez, fue concedida por el predecesor de Rivera Gómez, Juan Márquez Contreras, sin solicitud previa de la empresa, "sin contrato en regla y sin ningún expediente administrativo que lo respaldase. Ninguna de las ayudas fue devuelta. Ni siquiera fue reclamada en su momento por la Administración".
Rivera Gómez llegó al cargo sabiendo lo que había y pagó igualmente, recoge el auto
El nudo del caso contra Rivera Gómez se concentra en los últimos 274.509,76 euros de esa partida. Cuando tomó posesión como nuevo director general el 6 de abril de 2010, fue informado por la propia técnica de su dirección, M. J. R. V., de las graves irregularidades acumuladas en los expedientes de ayudas. Aun así, apenas un mes después, ordenó el pago del 75% de esa subvención (205.882,22 euros) mediante resolución del 5 de mayo de 2010, y el 25% restante (68.627,44 euros) el 8 de julio de ese mismo año.
En ambas resoluciones afirmó, según el auto, "de forma mendaz" que "obra en esta Dirección General el expediente completo de tramitación de la ayuda". Ese expediente, a juicio del instructor, sencillamente no existía. Tampoco existía la justificación que la empresa supuestamente había presentado para cobrar cada tramo, y que Rivera Gómez dio por válida por escrito.
Lo que hacía aún más llamativa la operación era el estado de la empresa beneficiaria. Según los informes recabados por el juzgado a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, Nature Pack Minas de Riotinto acumulaba en ese período una deuda con la Seguridad Social de más de 1,6 millones de euros e importantes deudas tributarias con Hacienda. La legislación de subvenciones exige expresamente estar al corriente de esas obligaciones para poder ser beneficiario de fondos públicos. La empresa no lo estaba. Nadie lo comprobó, o si lo hizo, no detuvo el proceso.
La solicitud formal de ayuda que aparece en el expediente, fechada el 15 de marzo de 2010, no tenía sello de registro de entrada, no identificaba qué nóminas estaban pendientes, no incluía un plan de viabilidad, ni cuentas anuales, ni memoria económica alguna. Siete días después, el 22 de marzo, se dictó la resolución de concesión. La celeridad, señala el auto, "hace deducir que la concesión de la ayuda se habría decidido y realizado antes de que se solicitase, en virtud de las componendas particulares mantenidas con los responsables de la DGTSS".
Una maquinaria de irregularidades avalada por múltiples organismos de control
La ilegalidad del procedimiento no es solo la opinión del juez. Está acreditada, según el auto, por un número llamativo de organismos independientes. La Cámara de Cuentas de Andalucía la detectó en su informe de fiscalización de 2012. La Intervención General del Estado (IGAE) emitió informes de auxilio judicial que confirmaban que los fondos se habían tramitado como "transferencias de financiación" —un mecanismo destinado a cubrir pérdidas operativas de la Agencia IDEA, no a pagar subvenciones a empresas privadas— y que la DGTSS no tenía competencia legal para conceder ese tipo de ayudas hasta la publicación de una orden en abril de 2010, posterior a la propia resolución de concesión.
El Tribunal de Cuentas, en su sentencia de noviembre de 2018, condenó ya a Juan Márquez Contreras como responsable contable directo de ese menoscabo total de 1.240.561,16 euros, y concluyó que las ayudas "constituyeron un acto de disposición de fondos públicos carente de la más mínima justificación". En 2018, la propia Junta de Andalucía declaró la nulidad de todas las ayudas y reclamó su devolución. La empresa nunca reintegró el dinero, según remarca el auto, al que ha accedido este periódico.
Dicho auto también subraya que las subvenciones nunca fueron comunicadas a la Comisión Europea, incumpliendo la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado (artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la UE). Esto es especialmente relevante porque Rivera Gómez, según consta en el expediente, llegó a redactar un informe para otro expediente similar —el de la empresa A Novo Comlink— en el que afirmaba ante las autoridades europeas que ese tipo de ayudas eran "ayudas sociolaborales individuales" enmarcadas en el sistema de la Seguridad Social, y que por tanto no constituían "ayudas de Estado". El juez califica esa afirmación de mendaz.
La Audiencia Provincial de Sevilla, en numerosas resoluciones previas sobre otras piezas de los ERE en las que Rivera Gómez también fue investigado, ha avalado de forma reiterada la existencia de indicios de criminalidad contra él. En algunos de esos casos ya hay condena firme: la sección primera de la Audiencia le condenó en julio de 2023 por los hechos relativos a Industrias Elizana, en enero de 2025 por el caso Surcolor y en septiembre de 2025 en el caso Fertiberia, siempre por los mismos tres delitos. En el caso Surcolor, el tribunal consideró probado que el ex alto cargo de la Junta sabía que "los fondos públicos que libraba con sus resoluciones se aplicaban fuera de todo objeto lícito y admisible, desviándolos de su objeto propio y del interés público y provocando su apropiación por tercero".
El auto resuelve también archivar el caso para otros cuatro investigados. Miguel Ángel R. R. (responsable de Nature Pack) y Bienvenido M. M. (Agencia IDEA) quedan con sobreseimiento provisional por falta de indicios suficientes. Vitorino C. L. y Manuel V. S., directivos de la empresa que participaron en la formalización del primer préstamo en 2008, quedan fuera por prescripción: cuando fueron llamados como investigados en noviembre de 2018, ya habían transcurrido más de diez años desde los hechos que se les imputaban.
El Ministerio Fiscal y las acusaciones —la Junta de Andalucía como acusación particular y el Partido Popular como acusación popular— disponen ahora de veinte días para presentar sus escritos de acusación contra Rivera Gómez o, en su caso, solicitar el sobreseimiento definitivo.
