El 30 de marzo de 2018, un Viernes de Dolores, un vecino de Benalup se quitó la vida en una de las celdas de Puerto III. "Nos llamaron. A mí no me quisieron decir nada. Se puso mi madre al teléfono y le dijeron que habían encontrado el cuerpo de su hijo sin vida", narra a lavozdelsur.es la hermana del joven que, al parecer, se ahorcó con unas sábanas en el interior de su calabozo. ¿Por qué?, es lo que todavía hoy se pregunta la familia del joven gaditano fallecido.
"A los pocos días nos llamaron para saber si podíamos recoger sus pertenencias. Allí no salió nadie a darnos el pésame ni nada. No nos han dado explicaciones de nada", denuncian. Según el balance que publica la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), cuatro presos han fallecido en las cárceles de El Puerto durante el 2018. "Y hace unos días hemos conocido otra muerte por suicidio más", informaron Toché García y Marta Horno, miembros de la asociación gaditana.
Los familiares del vecino de Benalup sostienen a este medio que cumplía su tercera condena por robos, pero que, una vez dentro, "le cargaron con más delitos, que si tenía muchas multas...". En total, el joven, que no llegaba a los 30 años de edad, estuvo encarcelado cerca de seis años en Puerto III, hasta que decidió suicidarse. "Desde nuestro punto de vista, a mi hermano le han metido más cosas de las que hizo. Después, uno que mata está na y menos en la cárcel y un pobre que robe... Eso es lo que me indigna", expresa la hermana del fallecido.
Puerto III, en una imagen de archivo. FOTO: CADENA SER.
La familia echó manos de los abogados para investigar la muerte del joven gaditano. "¿Cómo te explicas que allí dentro una persona haga eso? Lo hacen, sí, y creo que dentro de las prisiones es donde más suicidios ocurren, por la falta de atención". Desde la asociación han podido constatar que en torno al 40% de los presos atendidos padecen un trastorno mental y de la personalidad, y sobre un 8% una enfermedad mental grave. No obstante, el comité de prevención contra la tortura en su informe del año 2017 respecto de las prisiones de El Puerto, señaló que solo un psiquiatra visitaba una vez al mes las cárceles de Puerto I, II y III.
¿Qué es lo que reclaman presos, familiares y funcionarios de prisiones? Más personal, más vigilancia y más profesionales sanitarios. "Con lo que pasó, mi hermano tendría una depresión de caballo. Pero él jamás nos dijo nada, imagino que no quería preocuparnos", manifiesta la gaditana que hace poco lloró el aniversario del suicidio de su hermano, quien indica que no ha recibido ningún tipo de ayuda psicológica tras su fallecimieno. "Ahí vamos, asimilándolo poco a poco".
"Existe un protocolo, una normativa interna de la prisión para actuar en este tipo de casos, pero no se pone en práctica. La cárcel es un espacio opaco. Hay cero humanismo por parte de la institución", critica la abogada Marta Horno, quien, junto a Toché García, ha atendido a 51 reclusos y 16 familiares desde la asesoría de la Apdha, "lo que nos confirma la realidad penitenciaria: las personas presas necesitan asesoramiento jurídico en su nueva situación".
Una pasada protesta de los funcionarios de prisiones en Puerto III. FOTO: JESÚS PALOMO.
Por otro lado, como recoge el informe de la situación en las prisiones de la provincia y balance de atención a personas presas y familiares, el centro penitenciario de Puerto I estuvo sin médico del 26 de julio al 10 de septiembre del año pasado y en la cárcel de Algeciras, que tramita 4.000 ingresos al año, solo cuenta con tres médicos que tienen la obligación de ver a los presos en las primeras 24 horas. En este sentido, la Apdha lleva más de una década pidiendo que los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, "sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, tal y como se establecía en la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud".
Además, desde la asociación Pro Derechos Humanos también denuncian la situación en que se encuentran las personas sordas que cumplen condena, ya que en los centros penitenciarios no se dispone de intérpretes de lengua de signos y las prisiones no están adaptados a sus necesidades específicas. El desamparo al que se enfrentan los reclusos, sumado a la falta se asistencia psicológica y a la baja plantilla de las cárceles, provoca que las agresiones a funcionarios de prisiones sean casi diarias. En total, el pasado año se llevaron a cabo 218 agresiones de presos a funcionarios en toda España. “La política aplicada en prisiones no funciona. El desconocimiento y la negligencia de Interior provoca la inseguridad que vivimos en prisiones”, denunciaron los sindicatos Acaip-Ugt, APFP, CCOO y CSIF después de que el pasado lunes 8 de abril un interno agrediese a cinco funcionarios, dejando a uno de ellos malherido con un fuerte golpe en el ojo. "La falta de funcionarios de los establecimientos penitenciarios provoca continuos incidentes”, critican.
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