"Después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado", expone la activista Helena Maleno, en una carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anuncia que ha sido expulsada "violentamente" del país marroquí.
Maleno cuenta que el pasado 23 de enero intentó entrar en Marruecos, donde residía su familia desde hace 20 años, después de regresar de un viaje de trabajo a España, cuando las autoridades marroquíes evitaron su entrada y la deportaron, obligándola a estar varias semanas separada de su hija, menor de edad, "temiendo por la seguridad de la misma", según la ONG Caminando Fronteras, de la que es fundadora.
Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y quiero denunciar que mi vida y la de mi familia están en peligro. Exijo a los Gobiernos de España y Marruecos que me protejan.#JusticiaParaHelenaMaleno pic.twitter.com/dZLQhzze2l
— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) April 12, 2021
La activista responsabiliza al Ministerio del Interior de España y, en concreto, a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, de orquestar una campaña de criminalización contra ella "durante años" que ha conducido a su expulsión. En 2018, la llegaron a denunciar tras vincularla con redes de tráfico de personas que favorecen la inmigración irregular, pero quedó absuelta.
El compromiso de Maleno "ha permitido salvar la vida de más de 100.000 personas migrantes", recuerdan desde Caminando Fronteras. Una labor que ha sido reconocida por la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. La activista andaluza ha recibido más de 20 premios de derechos humanos nacionales e internacionales y hasta ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de les Illes Balears.
Maleno pide así a Pedro Sánchez un "reconocimiento público" de su labor y su "impacto positivo" para la democracia y el Estado de derecho, "el cese de la criminalización", la "depuración de responsabilidades", la "protección" de ella y de su familia y la reparación de "los innumerables daños instigados" contra ella y su entorno. "Desde abril de 2020, he sufrido 37 ataques: amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia", enumera.
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