El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas que considera ilegales. Según ha informado este lunes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la medida ha sido adoptada tras detectar que los anuncios incumplen diversas normativas autonómicas que regulan la publicidad de este tipo de alojamientos.
La Dirección General de Consumo ha comunicado a la filial irlandesa de Airbnb la necesidad de eliminar un total de 65.935 anuncios. Todos ellos corresponden a viviendas completas destinadas al uso turístico y no a habitaciones individuales. El Ministerio ha señalado que estas publicaciones vulneran las normativas específicas de comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y el País Vasco.
Airbnb recibió tres resoluciones del Ministerio en los últimos meses en las que se le notificaban los anuncios identificados como irregulares y se le instaba a su retirada. La compañía recurrió estas decisiones ante la justicia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un auto que respalda la actuación del Ministerio y ordena la retirada inmediata de 5.800 de esos anuncios.
Por qué son ilegales
Las autoridades justifican la ilegalidad de estas publicaciones en tres aspectos principales. Primero, la ausencia del número de licencia turística en muchos de los anuncios, un requisito exigido en varias normativas autonómicas. Segundo, la omisión de la naturaleza jurídica del arrendador, lo que impide saber si se trata de un particular o un profesional, un dato relevante para la protección del consumidor. Y, por último, el uso de números de licencia falsos o incorrectos, una práctica que puede inducir a error a los usuarios.
El Ministerio ha subrayado que estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia para frenar lo que considera una situación de descontrol e ilegalidad generalizada en el sector del alojamiento turístico. Según indica, se pretende reforzar el acceso a la vivienda y garantizar los derechos de los consumidores mediante la colaboración con otras administraciones competentes.
Paralelamente, la Dirección General de Consumo ha abierto varios expedientes sancionadores a distintas plataformas y gestoras de viviendas turísticas. En diciembre de 2024, se inició un expediente por la omisión del número de licencia en los anuncios, y en febrero de 2025 se abrieron otros procedimientos por no detallar la naturaleza jurídica de los arrendadores. Estos expedientes continúan en curso, junto a otro abierto en marzo a una gran inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos.
