Isabel y Benito, a punto de ser desalojados con dos hijas de dos años y dos meses en Jerez

Una pareja de treintañeros, padre de dos niñas pequeñas, tienen previsto un juicio por ocupación y temen verse en la calle, sin apenas ingresos y sin un techo para sus hijas

Isabel, con sus dos hijas, de dos años y dos meses, en el salón de su casa.
Isabel, con sus dos hijas, de dos años y dos meses, en el salón de su casa. JUAN CARLOS TORO

Isabel lleva una semana sin probar apenas bocado. A su bebé de dos meses, a la que da el pecho, le transmite sus “nervios, angustia y ansiedad”, como ella misma describe que se siente. “La bebé está desquiciada”, dice. Ella y su pareja, también. El 4 de febrero están citados a un juicio tras el que se determinará la fecha en la que tendrán que desalojar la vivienda que habitan actualmente. Con dos niñas pequeñas, de dos años y dos meses, Benito e Isabel se ven en la calle y sin saber adónde ir en plena pandemia.

“Imagínate cómo estamos, no como, no se me quita el dolor de cabeza…”, enumera Isabel, una treintañera que, en pocos días, se puede ver sin vivienda. Cuando llegaron a la que habitan en estos momentos en la barriada de La Constitución de Jerez —conocida como el Mopu, hace unos años, estaba llena de basura. “Era un nido de ratas y cucarachas”, dice Isabel. Poco a poco, con mucho esfuerzo, horas de trabajo y litros de pintura, la fueron adecentando y haciéndola habitable.

Benito e Isabel vivían en Madrid, con un buen sueldo, hasta que el padre de él, jerezano, enfermó. Por eso viajaron hasta la ciudad para estar cerca suya y poder cuidarlo. Con lo que cobraba Benito de paro, vivieron los primeros meses. “Al principio se los llevaba el piso”, cuenta Isabel, “y era sólo para un lavado de cara, pintar y poco más, pero metimos electricidad, tuberías…”, relata. Antes, era un "punto de encuentro de toxicómanos", relata, al que accedieron un día que estaba "completamente vacío". 

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Isabel y sus dos hijas, con Francisco Saavedra, de la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano. Autor: Juan Carlos Toro

El tiempo fue pasando y el trabajo, escaseando. Antes de la pandemia, Benito trabajaba 12 horas semanales en hostelería. “No era mucho pero íbamos tirando”, dice ella. Ahora solo está los fines de semana. Gana 75 euros a la semana. “El jefe lo dejó por hacernos un favor, porque yo estaba embarazada, le tengo que dar las gracias, pero eso imagínate para lo que da, se va en pañales y leche…”, dice ella. “Yo no estoy trabajando”, cuenta Isabel, "antes del covid cuidaba a unas mujeres mayores, pero ya no puedo ir”. “La única ayuda que tenemos son los 150 euros que nos da la asistenta y algo que me mandan mis tías y mis primas”.

"La humanidad se ha perdido. No hay humanidad ni un poquito de sensibilidad", dice Isabel, con pena. "Somos una pareja joven, gente educada, que no hacemos daño a nadie y nos vamos a ver en la calle con dos niñas pequeñas". El 4 de febrero, tras el juicio, conocerán la fecha prevista para el desalojo de una vivienda que suponen que pertenece a la Junta de Andalucía. "Era un piso que estaba abandonado, fui a la Junta para ver si estaba adjudicado y no me dijeron nada", expresa.

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Interior de la vivienda antes de entrar Isabel y Benito. 
 
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Estado de la vivienda, al entrar la pareja.

"Yo entiendo que no es mío y lo he hecho mal, pero por la situación en la que estábamos, sin trabajo y con una niña de un año", señala Isabel, quien se queja de que las Administraciones no le dan "una alternativa". Ella y Benito están inscritos como demandantes de vivienda y luchan para conseguir un alquiler social que les permita tener un techo para sus niñas. "Si encontráramos algo por 150 o 200 euros, me lo quito de comer para pagarlo si así tengo un techo... pero no me ofrecen nada", explica.

La única opción que le dan desde servicios sociales es acogerlas en un albergue, algo a lo que se niega en la situación actual de pandemia, y con la pequeña de dos años, que padece bronquitis crónica. "¿Cómo me voy a ir ahí con lo que hay ahora mismo? ¿Cómo me arriesgo yo a eso?", se pregunta Isabel, que está "desesperada". Por eso acudieron a la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano, constituida hace menos de un año, que conocieron a través de un amigo de Benito. 

"Todo el mundo tiene derecho a una vivienda", decía hacía unos días a lavozdelsur.es uno de los presidentes de este movimiento, Amadeo Valentí. "Defendemos a todo aquel a quien no le ponen rostro ni le ponen voz", contaba Valentí. “Queremos dar mucha batalla social”, aseguraba, para combatir "injusticias” de todo tipo, como la que sufren Benito e Isabel. 

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