La Junta de Andalucía ha dado un paso más hacia la consolidación del trabajo a distancia en su administración pública con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que somete a exposición pública el proyecto de decreto que regulará esta modalidad laboral. A partir del 13 de mayo, el texto estará abierto a alegaciones durante un plazo de 15 días hábiles, según ha anunciado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
El documento, impulsado por el departamento dirigido por José Antonio Nieto, pretende establecer un marco normativo para el teletrabajo en el ámbito de la administración autonómica, alineado con los principios de modernización, eficiencia organizativa y cumplimiento de objetivos. La propuesta ha sido negociada con las organizaciones sindicales, alcanzándose, según la Junta, un amplio consenso.
El decreto se enmarca en el desarrollo de la nueva Ley de Función Pública andaluza, que contempla el trabajo a distancia como una de sus formas de prestación de servicios. Según el Gobierno autonómico, la norma refuerza el enfoque por resultados, la planificación del trabajo y la evaluación del desempeño como elementos clave en la organización de las tareas.
El teletrabajo, tal como queda definido en los 48 artículos del proyecto, solo se aplicará a aquellos puestos cuya naturaleza lo permita y deberá regirse por criterios de autonomía, digitalización y evaluación objetiva del rendimiento. Además, tendrá carácter voluntario, será reversible y estará sujeto a una evaluación periódica por parte de la administración.
Las excepciones
El texto contempla también excepciones para facilitar el acceso a esta modalidad en casos específicos, como problemas de salud, situaciones de violencia de género o necesidades organizativas. Para formalizar el teletrabajo, cada empleado deberá obtener una autorización expresa y su continuidad dependerá del cumplimiento de los compromisos pactados con la persona responsable de su supervisión jerárquica.
El personal acogido al teletrabajo conservará los mismos derechos y obligaciones que el resto del funcionariado en cuestiones como retribuciones, jornada laboral, formación, promoción profesional y representación sindical. El porcentaje de la jornada que podrá desarrollarse a distancia oscilará entre el 20% y el 60%, aunque inicialmente se limitará al 40%, con la posibilidad de ampliación previa autorización del Consejo de Gobierno tras un análisis de resultados.
Entre las garantías incluidas en el proyecto se encuentra el derecho a la desconexión digital, con el fin de preservar la vida personal y evitar la hiperconectividad. Para ello, se establecen pautas sobre pausas visuales y limitaciones al uso intensivo de dispositivos electrónicos. Además, se prevé la creación de comisiones paritarias de seguimiento con representación tanto de la administración como de los sindicatos, para supervisar la implementación y evolución de la medida.