El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado este martes que una de las prioridades de su departamento es poner fin a las llamadas spam, una práctica que calificó como un auténtico “martirio” para la ciudadanía y que el Gobierno pretende prohibir de forma definitiva mediante la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, actualmente en trámite en el Congreso. Una promesa que, dice, ahora sí se va a cumplir.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy explicó que esta norma representa una política pública en defensa de los consumidores, diseñada para mejorar la relación entre las empresas y los usuarios. Según detalló, el texto legislativo contempla cambios importantes en la atención al cliente, con el objetivo de hacerla más ágil, humana y respetuosa con el tiempo de las personas.
Entre las medidas que incluye la ley, el ministro destacó la obligación de que las reclamaciones telefónicas sean atendidas en un máximo de tres minutos, con el fin de evitar “la musiquita eterna” que desespera a los usuarios. También se garantiza que, si el cliente lo solicita, la atención se realice por una persona y no por una máquina. Además, las empresas deberán resolver las reclamaciones en un plazo de 15 días y avisar con antelación de la renovación automática de suscripciones, para impedir que se realicen cargos inesperados en las cuentas bancarias.
Protección a la juventud
Bustinduy subrayó que la ley no solo aborda el problema de las llamadas comerciales, sino también otros aspectos vinculados al consumo responsable y la protección digital. Entre ellos, la protección de la juventud en entornos de juego online y la lucha contra la producción de reseñas falsas, prácticas que el ministro considera contrarias al sentido común y al interés general.
No obstante, insistió en que el punto más relevante de la norma es el fin de las llamadas spam, por su impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas. Bustinduy aseguró que confía en que el Congreso apruebe pronto el texto y dé “muy buenas noticias” a los consumidores.
El ministro recalcó que no comprendería que nadie se opusiera a esta regulación, ya que —según dijo— todo el mundo ha sufrido en algún momento la invasión de llamadas comerciales no deseadas. Para él, se trata de una violación de la privacidad y una intromisión en el derecho a la desconexión, al descanso o, simplemente, a disfrutar del tiempo libre “sin interrupciones ni sobresaltos”.