España ya tiene una ley de muerte digna: los procesos comenzarán dentro de tres meses

PP y Vox rechazan una norma que ha contando con consenso de izquierda y centro. Cs califica la norma como garantista. La Iglesia llama a realizar testamentos vitales para que no se aplique a los pacientes

María José Carrasco y su marido, Ángel Hernández, partidarios de la eutanasia, en una imagen de 'La Sexta'.
María José Carrasco y su marido, Ángel Hernández, partidarios de la eutanasia, en una imagen de 'La Sexta'.

Victoria para las asociaciones en favor de una muerte digna. El Congreso ha aprobado con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia. La normativa, que entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Entre las características de la norma está que el paciente deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, así como tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud". Sobre el proceso, la ley indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es "resultado de ninguna presión externa".

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".

La negativa de la Iglesia

El obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha hecho un llamamiento para que los españoles suscriban en testamentos vitales o declaraciones anticipadas el rechazo a que se les aplique la eutanasia, cuya aprobación este jueves por el Congreso considera una "mala noticia".

"Este es un momento en favor de promover una cultura de la vida y de dar pasos concretos promoviendo un testamento vital o de declaraciones anticipadas que haga posible que los ciudadanos españoles manifiesten de una manera clara y determinada su deseo de recibir cuidados paliativos. Su deseo de no ser objeto de la aplicación de esta ley de eutanasia", señala en declaraciones recogidas por Europa Press. En esa línea, Vox indicaba que "cuando gobernemos la derogación de esta ley será una de las primeras cosas que hagamos. Hace falta un cambio político y cultural que permita que todos entendamos la dignidad de nuestros mayores, de nuestros enfermos y discapacitados", añadiendo que la llevará al Constitucional. Del mismo modo se ha pronunciado el diputado del Grupo Parlamentario del PP, José Ignacio Echániz, quien ha afirmado que la ley de eutanasia es un "atentado" al respeto a la vida y dignidad humana y un "acto antimédico". Además, ha criticado que se vaya a crear una "lista negra" de sanitarios objetores de conciencia, ya que es un "insulto" a estos profesionales. "Se trata de un chantaje intolerable", ha criticado.

Una ley de consenso a izquierda y centro

Antes de la votación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha agradecido el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios, destacando la "importancia" de esta aprobación porque se avanza en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y hacia una "sociedad más humana y más justa". "Hoy es un día importante para las personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento. Hoy damos un paso más en el camino de progreso iniciado con la presidencia de Pedro Sánchez hacia una sociedad más justa, más decente y que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, ha criticado que esta ley esté siendo "perseguida" por la ultraderecha porque su "pensamiento totalitario no respeta de derechos". "Como la ultraderecha con rabiosamente intolerantes, llenan su discurso de odio o amenazan desde el escaño que lo ilegalizarán cuando gobiernen. Su intolerancia lleva a tal extremo que quieren imponer a los otros cómo hay que morir", ha señalado Medel.

Además, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Sara Giménez, ha asegurado que esta ley es "garantista" con la voluntad del paciente y un "hito histórico" que refuerza el compromiso del Congreso con las libertades de los ciudadanos. "Hoy los españoles tienen un nuevo derecho", ha aseverado. No obstante, la diputada de la formación naranja ha criticado también que el PP no haya votado a favor de esta ley, aunque ha recordado que los 'populares' se posicionaron en contra de la ley del divorcio, del matrimonio igualitario y de la ley sexual y reproductiva. "Siempre han estado en contra del avance en los derechos y ahora lo que quieren plantear es ir al Tribunal Constitucional porque no quieren que exista la libertad de decidir", ha lamentado Giménez.

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