En el debate de la vivienda que lleva años en el foco y ha 'estallado' con el desahucio de Maricarmen uno de los términos más repetido es el de 'pequeños propietarios'. Así dicho puede parecer que hace referencia a una persona de a pie con un piso en la playa, pero la realidad es bien distinta. Cuando los partidos políticos hablan de 'pequeños propietarios', lo cierto es que se refieren a personas muy heterogéneas.
De la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda se extrae que "un pequeño propietario (o pequeño tenedor) es toda persona física o jurídica que sea titular de inmuebles urbanos de uso residencial pero no alcance los umbrales para ser considerada "gran tenedor"". Ahora, si nos vamos a las cifras, la cosa se concreta un poco más.
El criterio general es que un 'pequeño propietario' es aquel que tiene menos de diez inmuebles urbanos de uso residencial o que la superficie de sus inmuebles no supere los 1.500 metros cuadrados. Además, en caso de que las viviendas estén en una zona tensionada, el límite de inmuebles de uso residencial se reduciría a cinco. La cuestión es que la potestad de establecer zonas tensionadas está en manos de las comunidades autónomas.
El decreto
Esta cuestión ha sido una de las más conflictivas a la hora de plantear un decreto que reciba el respaldo de todo el Congreso. Al menos de una mayoría que pueda salir adelante. Una de las formaciones que más ha insistido en este asunto ha sido Junts, cuyos votos son imprescindibles para que el viernes se convalide el texto.
Por ello, en uno de los decretos aprobados en el Consejo de Ministros (el más extenso de los dos) se establecen medidas en beneficio de estos 'pequeños propietarios'. Muchas de estas medias tienen que ver con deducciones en el IRPF. Los dueños de diez o menos inmuebles podrán deducirse entre el 50 y el 100% del IRPF según la cuota del alquiler, el lugar donde se encuentre o la edad de los inqulinos. Además habrá bonificaciones para este sector si respeta el índice de referencia de la zona donde se encuentra el inmueble. Por último, el decreto incluye que el Gobierno se haga cargo económicamente de lo que supone un desahucio y transfiera las cantidades pertinentes a las comunidades.
En el debate de la vivienda que lleva años en el foco y ha 'estallado' con el desahucio de Maricarmen uno de los términos más repetido es el de 'pequeños propietarios'. Así dicho puede parecer que hace referencia a una persona de a pie con un piso en la playa, pero la realidad es bien distinta. Cuando los partidos políticos hablan de 'pequeños propietarios', lo cierto es que se refieren a personas muy heterogéneas.
De la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda se extrae que "un pequeño propietario (o pequeño tenedor) es toda persona física o jurídica que sea titular de inmuebles urbanos de uso residencial pero no alcance los umbrales para ser considerada "gran tenedor"". Ahora, si nos vamos a las cifras, la cosa se concreta un poco más.
El criterio general es que un 'pequeño propietario' es aquel que tiene menos de diez inmuebles urbanos de uso residencial o que la superficie de sus inmuebles no supere los 1.500 metros cuadrados. Además, en caso de que las viviendas estén en una zona tensionada, el límite de inmuebles de uso residencial se reduciría a cinco. La cuestión es que la potestad de establecer zonas tensionadas está en manos de las comunidades autónomas.
El decreto
Esta cuestión ha sido una de las más conflictivas a la hora de plantear un decreto que reciba el respaldo de todo el Congreso. Al menos de una mayoría que pueda salir adelante. Una de las formaciones que más ha insistido en este asunto ha sido Junts, cuyos votos son imprescindibles para que el viernes se convalide el texto.
Por ello, en uno de los decretos aprobados en el Consejo de Ministros (el más extenso de los dos) se establecen medidas en beneficio de estos 'pequeños propietarios'. Muchas de estas medias tienen que ver con deducciones en el IRPF. Los dueños de diez o menos inmuebles podrán deducirse entre el 50 y el 100% del IRPF según la cuota del alquiler, el lugar donde se encuentre o la edad de los inqulinos. Además habrá bonificaciones para este sector si respeta el índice de referencia de la zona donde se encuentra el inmueble. Por último, el decreto incluye que el Gobierno se haga cargo económicamente de lo que supone un desahucio y transfiera las cantidades pertinentes a las comunidades.
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