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El Gobierno ha aprobado este martes dos reales decretos leyes sobre vivienda tras una negociación entre PSOE y Sumar que se prolongó hasta el último momento y retrasó una hora el inicio del Consejo de Ministros. Los textos llegan ahora al Congreso sin que el Ejecutivo tenga garantizados todos los apoyos necesarios para su convalidación.
El primer decreto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios e incorpora la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. También establece la prohibición de compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y permite prorrogar durante dos años aquellos contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
La renovación automática de los contratos ha quedado separada. Esta medida se recoge en un segundo real decreto, después de las diferencias que PSOE y Sumar mantuvieron durante la negociación.
El Ejecutivo ha solicitado que ambas normas se sometan cuanto antes al Congreso y ha pedido la celebración de un pleno extraordinario este viernes para abordar su convalidación.
PSOE y Sumar cierran un acuerdo tras negociar hasta última hora
Desde el PSOE, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó el pacto como un "magnífico acuerdo" y aseguró que "es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios, y malo para los especuladores".
Sumar había reclamado durante las conversaciones reforzar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de habitaciones y garantizar la renovación automática de los contratos. La ministra de Sanidad, Mónica García, había advertido antes del acuerdo de que su formación "no avalará" un texto que se quedara por debajo de esas demandas.
El Ministerio de Vivienda había trabajado además en un paquete que contemplaba bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que bajen los precios, medidas sobre los pisos turísticos y una nueva regulación de los alquileres de temporada.
Junts reclama más protección para el pequeño propietario
La negociación parlamentaria continúa abierta. Junts ha puesto el foco en la protección del pequeño arrendador y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reprochado a Sumar su posición.
"Hay un veto de Sumar que no acepta esta protección al pequeño propietario", aseguró Nogueras, que defiende que sea la administración la que asuma el impago del alquiler cuando exista una situación de vulnerabilidad.
Podemos también había mostrado sus reservas antes de conocerse el acuerdo definitivo y calificó de "parche" el planteamiento del Gobierno, además de cuestionar que las medidas se repartieran entre varios decretos. El PP, por su parte, tampoco había concretado su voto.
La siguiente prueba llegará este viernes, cuando el Gobierno quiere que el Congreso decida sobre los dos textos por separado.
El Gobierno ha aprobado este martes dos reales decretos leyes sobre vivienda tras una negociación entre PSOE y Sumar que se prolongó hasta el último momento y retrasó una hora el inicio del Consejo de Ministros. Los textos llegan ahora al Congreso sin que el Ejecutivo tenga garantizados todos los apoyos necesarios para su convalidación.
El primer decreto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios e incorpora la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. También establece la prohibición de compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y permite prorrogar durante dos años aquellos contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
La renovación automática de los contratos ha quedado separada. Esta medida se recoge en un segundo real decreto, después de las diferencias que PSOE y Sumar mantuvieron durante la negociación.
El Ejecutivo ha solicitado que ambas normas se sometan cuanto antes al Congreso y ha pedido la celebración de un pleno extraordinario este viernes para abordar su convalidación.
PSOE y Sumar cierran un acuerdo tras negociar hasta última hora
Desde el PSOE, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó el pacto como un "magnífico acuerdo" y aseguró que "es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios, y malo para los especuladores".
Sumar había reclamado durante las conversaciones reforzar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de habitaciones y garantizar la renovación automática de los contratos. La ministra de Sanidad, Mónica García, había advertido antes del acuerdo de que su formación "no avalará" un texto que se quedara por debajo de esas demandas.
El Ministerio de Vivienda había trabajado además en un paquete que contemplaba bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que bajen los precios, medidas sobre los pisos turísticos y una nueva regulación de los alquileres de temporada.
Junts reclama más protección para el pequeño propietario
La negociación parlamentaria continúa abierta. Junts ha puesto el foco en la protección del pequeño arrendador y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reprochado a Sumar su posición.
"Hay un veto de Sumar que no acepta esta protección al pequeño propietario", aseguró Nogueras, que defiende que sea la administración la que asuma el impago del alquiler cuando exista una situación de vulnerabilidad.
Podemos también había mostrado sus reservas antes de conocerse el acuerdo definitivo y calificó de "parche" el planteamiento del Gobierno, además de cuestionar que las medidas se repartieran entre varios decretos. El PP, por su parte, tampoco había concretado su voto.
La siguiente prueba llegará este viernes, cuando el Gobierno quiere que el Congreso decida sobre los dos textos por separado.
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