El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles 11 de septiembre el Real Decreto 893/2024, que regula la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Este decreto, aprobado en Consejo de Ministros el día anterior, introduce una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, con especial atención a la prevención de riesgos laborales.
Entre las principales disposiciones del nuevo marco regulador se encuentra la obligación de llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales y adoptar medidas de prevención a partir de 2026. También se contempla el uso de equipos de protección necesarios para garantizar la seguridad de las trabajadoras. Además, se establece que las empleadas deberán recibir formación obligatoria en prevención de riesgos, y tendrán derecho a un reconocimiento médico gratuito.
El decreto, que entró en vigor el jueves 12 de septiembre, aclara que algunas de sus obligaciones no serán exigibles de manera inmediata. Las medidas no serán aplicables hasta seis meses después de que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ponga a disposición una herramienta que facilite a los empleadores el cumplimiento de las obligaciones preventivas.
Una vez transcurrido ese plazo de seis meses, las disposiciones se aplicarán en cuanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) emita una resolución que active las actividades de formación en materia preventiva. Esto permitirá que las personas empleadoras y trabajadoras del hogar cuenten con los recursos necesarios para cumplir con las nuevas normativas.
El Real Decreto también aborda la protección frente a la violencia y el acoso en el empleo doméstico. Se reconoce el derecho de las trabajadoras a un entorno laboral seguro, y se encarga al INSST la creación de un protocolo específico para la prevención del acoso en este sector, algo que hasta ahora no estaba claramente regulado.
Asimismo, el decreto establece la elaboración de una guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico. Esta guía será una herramienta clave para garantizar que tanto empleadores como trabajadoras estén informados y capacitados en la identificación y mitigación de riesgos.
Un aspecto relevante de la normativa es que el recargo de las prestaciones económicas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, debido a la falta de medidas preventivas, no será aplicable a las empleadas del hogar. Esta excepción marca una diferencia importante respecto a otros sectores laborales, donde el recargo es una penalización habitual.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también tendrá un papel crucial en la implementación de las acciones formativas, que serán financiadas por este organismo y desarrolladas por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Esta formación se enfocará en la prevención de riesgos laborales y estará orientada a mejorar las competencias de las empleadas del hogar en esta materia.
En cuanto a la salud de las trabajadoras, el Sistema Nacional de Salud será el encargado de realizar reconocimientos médicos gratuitos y voluntarios. Esta medida busca garantizar que las empleadas del hogar tengan acceso a revisiones periódicas para prevenir enfermedades profesionales y mejorar su bienestar general.