Tensión en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos y también cierto desasosiego en las últimas semanas ante el anuncio del Juzgado de Paz de Castilblanco de los Arroyos que ha requerido a Silvia Núñez para ejecutar un desalojo de la vivienda municipal que ocupa junto a sus tres hijos.
La emergencia sanitaria, social y económica que ha agravado la situación de esta familia no parece haber hecho cambiar de opinión al regidor castilblanqueño, José Manuel Carballar (PSOE), que insiste en las últimas semanas ha usado nuevamente los medios municipales para cargar contra Silvia Núñez cuando se vio forzado por la oposición de NIVA-IU a poner en alquiler otra vivienda municipal en la misma calle que inicialmente había tapiado, levantando una oleada de indignación entre las familias de la localidad que están pendientes de acceder, también, a una vivienda social.
El requerimiento del Juzgado de Paz de Castilblanco, al que ha tenido acceso este medio, insta a la madre y "ocupantes", en alusión a los tres menores residentes en esta vivienda municipal junto a su progenitora, para que "desalojen la finca, al fin de proceder a la toma de posesión señalada el próximo 6 de julio de 2020".
“Es cierto, hay bastantes familias en nuestro pueblo que no tienen vivienda, pero la culpable no es Silvia, sino las políticas municipales del PSOE en nuestro pueblo que han preferido renunciar a viviendas que iban a construirse en 2007, cambiar calles, levantar aceras o cortar árboles a construir viviendas asequibles para las familias necesitadas”, apunta Marina Falcón, ex concejal del partido NIVA-IU Castilblanco.
“En la difícil situación en la que nos encontramos nos preguntamos si el alcalde del PSOE y su equipo va a seguir sin atender las necesidades de estas familias, las necesidades de Silvia y sus hijos, si va a seguir negándoles el apoyo de los servicios sociales, si va a exigir el desahucio de esta familia y va a dejar a tres niños en la calle”, lamentan desde la coalición de izquierdas, que han ofrecido los votos de sus cuatro concejales en el Pleno para negociar y activar un Plan de Choque que reduzca la situación de incertidumbre que padecen muchas familias de la localidad impactada por esta nueva crisis.
A nivel provincial la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha pronunciado instando al alcalde José Manuel Carballar, que se impuso un sueldo de 40.000 euros anuales de las arcas públicas como retribución económica por su labor de Alcaldía, a paralizar este desahucio o a ofrecer una solución habitacional alternativa a esta familia para evitar dejar a la madre y sus tres hijos en una situación de desamparo en este contexto crítico para muchas familias andaluzas.
También el equipo de coordinación provincial de Izquierda Unida en Sevilla solicitó la mediación de la responsable provincial del PSOE, Verónica Pérez, para que mediase especialmente en este caso con el regidor de Castilblanco con el objetivo de contener y evitar este desahucio que se producirá, si no hay un cambio de criterios, a lo largo de la semana próxima conforme a la ejecutoria firmada por el Juzgado de Paz de Castilblanco.
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