Daniel e Imad fallecieron en los calabozos policiales de Algeciras: sus familias no creen la versión del suicidio

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía registra una queja ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura para que revise las condiciones de detención y custodia de la comisaría

Daniel Jiménez, en una imagen reciente.
Daniel Jiménez, en una imagen reciente.

La familia de Daniel Jiménez, un vecino de Algeciras de 38 años fallecido en los calabozos de la comisaría de Policía Nacional el pasado 1 de junio, no se cree la versión policial de los hechos. Ésta dice que Jiménez agredió a su antigua pareja en la playa de La Concha de la localidad, y luego fue detenido en la carretera del Rinconcillo, desde donde fue trasladado hasta comisaría, donde murió de madrugada tras quitarse la vida “con los jirones de una manta atados a los barrotes de la celda”. Nada más conocerse su fallecimiento, por redes sociales empezaron a aflorar mensajes de familiares y allegados asegurando que había sido fruto de abuso policial, algo que desmintió el Cuerpo Nacional de Policía.

La asociación de Juristas Gitanos ya ha recurrido la resolución de la jueza, que denegó todas las diligencias de investigación solicitadas en el caso de Daniel Jiménez, lo que a su entender ha impedido el esclarecimiento de los hechos y ha provocado un aluvión de rumores y especulaciones sobre las causas de su muerte. El abogado cordobés Manuel Reyes Reyes, especializado en Derecho Penal, ejercerá la acusación particular en nombre de la familia, y Luis Mendoza Carmona se ocupará de la acusación popular. Juristas Gitanos ha pedido así que se aseguren las grabaciones de los calabozos, que se eliminan cada 30 días, un plazo que está a punto de expirar, y que puede ser determinante para conocer las causas del fallecimiento.

Juristas Gitanos detecta, al menos, cinco anomalías en el caso de Daniel Jiménez, como que no se entregara el cadáver a la familia hasta cinco después de su muerte; que el caso se resolviera por providencia y no por auto, "siendo esta forma de resolver jurídicamente inadmisible, nula de pleno de derecho"; que aun no se haya admitido la personación de la acusación particular, lo que impide la obtención de los autos y demás documentos obrantes, como es el atestado policial o las fotografías de la autopsia; que sea el segundo fallecimiento por suicidio en esa misma comisaría en solo cinco meses y no se haya tomado declaración a ningún policía; o que no se disponga de un informe preliminar de la autopsia, lo que impide el análisis pericial de otro médico forense. 

Además, se da la circunstancia de que hace medio año, el 23 de enero, otro joven de 23 años falleció en extrañas circunstancias en la misma comisaría. El marroquí Imad Eraffali, licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Marruecos, se montó en una patera a mediados de 2019 para reunirse con su hermana, residente en España desde hace doce años. Tras ser rescatado por Salvamento Marítimo, Imad pudo llegar hasta la localidad almeriense de El Ejido, mientras se tramitaba su expediente de devolución a su país de origen. “Conmigo no le faltaba nada, no trabajaba porque no tenía papeles. Iba a la biblioteca a estudiar español”, contaba su hermana, con la que logró reunirse.

Imad Eraffali se desplazó hasta Algeciras tras conocer a una chica con la que comenzó una relación. Allí fue detenido durante un control rutinario de la Policía, que comprobó que constaba sobre él una orden de devolución a Marruecos. Ese mismo día, unas horas después, fue encontrado ahorcado en su celda, a consecuencia de “asfixia mecánica por ahorcadura”, según recoge la autopsia. El juzgado de instrucción número 1 de Algeciras terminó archivando las diligencias previas abiertas para investigar el caso, pero la familia del joven no se cree que se quitara la vida y, como la de Daniel, quiere que se investiguen las circunstancias de la muerte.

Los fallecimientos de Imad Eraffali y Daniel Jiménez han provocado que la delegación del Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) haya registrado una queja ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), que quiere que visite la comisaría de Algeciras para examinar las condiciones de detención y custodia. “Cada muerte bajo custodia es un fracaso absoluto tanto de la Administración como de la sociedad”, critican desde la Apdha, que espera que “se adopten cuantas medidas sean necesarias para evitar nuevos casos, que se aclaren las causas de ambas muertes y que, en cualquier caso, las familias de Imad y Daniel encuentren reparación y justicia”.

El Mecanismo para la Prevención de la Tortura, en su última visita realizada a los calabozos de la comisaría de Policía de Algeciras en julio de 2018, recalcó la “falta de limpieza e higiene en la zona de calabozos, la presencia de menores, deficiencias en la prestación de la asistencia letrada, así como ausencia de una explicación sobre los motivos por los que solamente se ingresan en los calabozos de la comisaría a personas de nacionalidad argelina o marroquí, mientras que las de origen subsahariano o asiático son derivados a dispositivos de atención humanitaria y custodia”.

La Apdha quiere así conocer si los protocolos de actuación policial “son suficientes para evitar estos casos y si se han adoptado todas las medidas de vigilancia necesarias”. El escrito dirigido al Mecanismo para la Prevención de la Tortura recoge la petición de las medidas de comunicación entre detenidos y agentes de custodia, ya que “la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad obliga a disponer de sistema de videovigilancia y videograbación de todas las dependencias en las que, por la razón que sea, permanezcan las personas detenidas conforme a los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio del Interior tras distintas recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo”.

El MNPT constató en su informe anual de 2018 que en los espacios de detención custodiados por Guardia Civil y Policía Nacional ubicados en Andalucía se habían producido 26 intentos de suicidio, siendo así la segunda comunidad del país con mayor número de casos. Entre 2010 y 2020 han fallecido 65 personas en dependencias policiales; 31 de ellas calificados como suicidio.

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