Los menores de 12 a 14 años que quieran cambiar la mención del sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI) necesitarán una resolución judicial, y los de 14 a 16 años deberán ir acompañados de sus padres, según el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobado este martes por el Gobierno.
Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, precisando que se quiere "proteger de manera especial" a los menores de esta franja de edad al entender que pueden no tener la "madurez" suficiente para tomar esta decisión.
"Porque no se entiende que pueda haber esa fortaleza del carácter, madurez y estabilidad, es por lo que de 12 a 14 años se protege de manera especial de modo que no es la posibilidad genuina de ir y decir 'quiero esto'. Hace falta un expediente de jurisdicción voluntaria y, por tanto, será una resolución judicial la que lo determine", ha explicado Campo.
En el caso de los menores de 14 a 16 años, el ministro ha precisado que solo hará falta que acudan al Registro acompañados de sus padres o, si estos no están de acuerdo, de un defensor. El menor acudirá a una primera comparecencia ante el encargado del Registro Civil, recibirá un formulario y la información sobre las consecuencias jurídicas, el régimen de reversión y las medidas voluntarias de apoyo.
Una vez que el menor disponga de toda esta documentación, "para marcar la estabilidad de la decisión", deberá regresar a los tres meses para confirmar o no su deseo de cambiar la mención del sexo en su DNI. Desde ese momento, el encargado del Registro Civil tendrá un plazo máximo de un mes para realizar el cambio.
El ministro de Justicia también ha indicado que es posible la reversión de la decisión una vez transcurridos al menos seis meses desde el cambio registral. En este caso, habrá que recurrir al juez para que dicte una resolución judicial. En paralelo, sobre el cambio de nombre, el ministro ha precisado que lo único que cambia es que "se pasa a una ley algo que ya se podía hacer".
"Nuestra legislación se pone a la vanguardia europea, de los países que luchan por sus ciudadanos sin importar sus diferencias. Seguimos la tradición de Bélgica, Noruega o Malta con matices, pero es una legislación clara", ha valorado Campo.
"Es un día histórico"
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la aprobación, este martes, de la Ley Trans en el Consejo de Ministros es una muestra" de la "fortaleza" del Gobierno de coalición y de que cuando "hay que negociar" y se producen "debates profundos" que duran "meses", los socios son capaces de "dialogar" y "cumplir" con el pacto de coalición. "Es un día histórico", ha agregado la ministra.
Montero ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, para explicar el contenido de la norma que recoge los derechos específicos de las personas trans, y también medidas para garantizar los del colectivo LGTBI, así como su no discriminación.
La titular de Igualdad ha destacado que esta norma recoge la "libre determinación" de las personas trans con un sistema de doble comparecencia, "sin testigos", ni "pruebas"; así como su despatologización. Ambas medidas, ha señalado, eran reclamadas por el colectivo y por los principales organismos internacionales para "garantizar los derechos humanos".
El texto también incluye "una batería importante" en materia de derechos LGTBI, legisla "por primera vez" los derechos de las personas intersexuales, permite la filiación de un hijo a parejas de lesbianas o bisexuales sin casarse, el acceso a la reproducción asistida a lesbianas y personas trans con posibilidades de gestar o recoge sanciones frente a las discriminaciones a personas del colectivo, entre otras medidas, según ha apuntado la ministra.
Aunque en su intervención ha señalado que se trata de un "buen texto legislativo" y considera que sitúa a España a "la vanguardia" europea en materia de derechos de las personas LGTBI, Montero también ha reconocido que se trata de una norma "mejorable, como toda ley" y, en este sentido, se ha referido al reconocimiento de las personas no binaries o a las garantías de derechos para las personas trans migrantes.
La titular de Igualdad ve posible mejorar la norma en estos y otros aspectos durante el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado y, ha indicado, los grupos tendrán el "apoyo" del Gobierno en este proceso. A las formaciones en las Cámaras también les ha recordado la "urgencia" que supone poner en marcha esta ley, teniendo en cuenta la "realidad" de las personas trans.
La ministra ha recordado que ya pidió perdón ante la Cámara baja por la tardanza en la aprobación de la norma, entre otras cosas. Lo hizo después de que el texto no fuera tomado en consideración en la Cámara baja tras la decisión del PSOE de abstenerse.
El cambio de posición de los socialistas antes esta ley, especialmente el de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que ha sido crítica con la autodeterminación de género, ha sido una de las principales cuestiones que se ha trasladado a Montero durante la rueda de prensa. La titular de Igualdad ha señalado que ha sido una negociación "larga y difícil", pero ha indicado que, en dichos encuentros, ha habido "muchos más momentos de acuerdo" que han permitido llegar hasta la aprobación de este martes y a un texto que "cumple con los estándares internacionales".
"Creo que es evidente que ha sido larga u difícil, pero también que ha dado sus frutos y por eso digo que muestra la fortaleza del Gobierno", ha declarado, para indicar que las posibles diferencias que había entre socios no ha "impedido trabajar" en la ley.
Montero también ha sido preguntada por la oposición que ha mostrado una parte del movimiento feminista hacia esta ley. En este sentido, ha señalado que, "siempre" que se aprueban leyes "de este calado", como "el aborto o el matrimonio igualitario" siempre se genera "debate social" e incluso "oposición", pero, a su juicio, "años después nadie se reconoce en oposición" a los textos porque son medidas que sirven para "mejorar la sociedad" y la "vida de las personas".
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