Uno de los hilos de los que tiran antes los equipos policiales dedicados a la investigación de blanqueo de capitales derivados del narcotráfico son la alarmante relación entre el patrimonio y la situación profesional de los sospechosos y el carísimo tren de vida que no ocultan. La Operación Primate, que ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de la Sierra de Cádiz y sus estructuras socioeconómicas y financieras creadas para el lavado de activos, ha detenido en su tercera fase a otras seis personas dentro de una investigación que arrancó a finales de 2019 por el grupo de estupefacientes.
Tras una compleja labor policial, a la que no ha ayudado la irrupción de la pandemia —o sí, porque una de las claves en el impulso a la investigación fue la carestía de droga por los primeros confinamientos de marzo del año pasado—, han sido finalmente detenidas 31 personas acusadas de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.
Los investigadores detectaron rápidamente el alto nivel de vida del que gozaban los investigados, que no guardaban proporción con sus ingresos legales, en unos casos por encontrarse desempleados durante años y en otros por encontrarse enmascarados en negocios que difícilmente serían capaces de generarlo. En este sentido, esta tercera fase de la operación se llevó a cabo la investigación patrimonial y el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María ha dictaminado el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de la trama con un saldo de casi 100.000 euros y el embargo preventivo de los bienes inmuebles de los investigados por un valor aproximado de 3.000.000 euros.
Como ya está publicado, el caso más llamativo ha sido el del cabecilla de la trama, natural de Jerez y que llegó a poner sus bienes a nombre de su esposa para evitar embargos. La tónica general de los detenidos era la discreción, pero no ocurría así con este matrimonio. Juntos circulaban en coches de alta gama, conducían motos acuáticas, se iban de viajes exóticos a Dubai o Islas Mauricio, o se preparaban un imponente chalé con tres edificaciones sobre una parcela de 2.000 metros no urbanizables y una piscina de más de 80 metros en la zona rural jerezana del Puente de la Guareña. Entre ambos amasaron en tan solo dos años un patrimonio de casi un millón de euros.
Sin embargo, pese a que ha pasado más desapercibido, no es menos sorprendente el siguiente escalón de la trama. Otro matrimonio, en esta ocasión de Paterna de Rivera, a un puñado de kilómetros de Jerez, y que regentaban una pescadería en la ELA jerezana de La Barca, muy cerca del Puente de la Guareña. Desde allí, según ha constatado la Policía, distribuían la coca a otros puntos de venta de la provincia aprovechando los repartos del negocio de pescado que a duras penas daba unos 5.000 euros anuales de beneficio declarado.
Un negocio, dicen los investigadores policiales, que servía además de tapadera para lavar los beneficios del narcotráfico. El varón de este matrimonio, de unos 30 años, se encontraba desempleado, pero el movimiento de distribución, venta y blanqueo habría reportado al núcleo familia un patrimonio de casi medio millón de euros, según la Policía.
El tendero de Paterna, bajo la excusa del reparto de pescado fresco, lo mismo distribuía la droga a puntos de menudeo en El Puerto, Puerto Real o Arcos que a un clan de la barriada de La Granja, en Jerez. Además, cuentan los investigadores, recibía apoyo de dos militares de la Base de Rota, que financiaban la compra de cocaína a los camellos y “luego recuperaban el dinero con intereses”, según publicó hace unos meses El País. En la ardua investigación se han llevado a cabo18 registros en Jerez, El Puerto, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Paterna de Rivera y la localidad sevillana de Lebrija.
Ahora, la tercera fase, centrada en averiguar hasta dónde llegaba la estructura financiera montada por la trama y los bienes adquiridos gracias al narco, ha concluido con otros tres registros domiciliarios, 32 informes patrimoniales, 36 cuentas bancarias bloqueadas, 22 inmuebles embargados, 42 bienes muebles embargados/intervenidos entre turismos, motocicletas, motos acuáticas y embarcaciones, así como más de 170.000 euros intervenidos en metálico.
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