Casi 400 vecinos denuncian al Ayuntamiento y Diputación por el cobro retroactivo de los vados

Antonio y Pedro, de la AVV La Marquesa, junto a uno de los vados del barrio. FOTO: MANU GARCÍA.
Antonio y Pedro, de la AVV La Marquesa, junto a uno de los vados del barrio. FOTO: MANU GARCÍA.

No es un caso aislado de Jerez. En la provincia, poblaciones como Arcos de la Frontera, Los Barrios o Sanlúcar de Barrameda, están en situaciones similares. De hecho, es la plataforma de esta última localidad la que empezó con una lucha vecinal que se cristalizó en la Plataforma Provincial del Vado. Un colectivo formado por asociaciones de vecinos que no aceptan el pago del vado con carácter retroactivo de cuatro años. Una decisión que tomó el Gobierno municipal de Pilar Sánchez entre 2008 y 2009, cuando por parte del Ayuntamiento se reclamó a vecinos de barriadas como El Pinar o La Marquesa el impuesto del Vado desde 2005.

"Si no pagabas te lo embargaban de la cuenta", cuenta Pedro Garrido, presidente de la Asociación de Vecinos de La Marquesa, que lleva años encabezando la lucha contra un cobro del vado que considera "totalmente ilegal". "Lo hemos intentado todo, nosotros no nos negamos a pagar, lo único que queremos es que se hagan las cosas bien y no aceptamos cómo se hizo aquello", aclara en el encuentro con lavozdelsur.es, junto a Antonio y Juan, de la junta directiva de esta asociación vecinal. Juan, de hecho, recuerda que en aquel proceso se hicieron fotografías por parte de una empresa a los interiores de las casas del barrio, "invadiendo la privacidad y la intimidad" de los vecinos en sus unifamiliares, con objeto de averiguar si tenían o no un vehículo en su interior. "Todas las casas tenían rebajes pero eso no significa que utilizaran el garaje, hay muchas personas mayores que jamás lo han utilizado", aclara Pedro.

Pedro y Antonio con los documentos sobre los vados. FOTO: MANU GARCÍA.

En el despacho que la asociación vecinal tiene en el centro social La Granja Pedro enseña la numerosa documentación que acumula sobre el tema de los vados desde el primer momento del conflicto y señala con el especial atención una sentencia del restaurante Venta Los Callos. "Ellos ganaron hace unos años la sentencia y el Ayuntamiento no sólo tuvo que devolverle el dinero del vado sino que tuvo que pagarle una indemnización", recuerda, al tiempo que señala que hay ya varias sentencias ganadas en la provincia. "Es que ellos (el Ayuntamiento) se creen que van a ganar las sentencias y que la Justicia les va a dar la razón pero se equivocan". Antonio le refirma. "Ya no hay vuelta atrás".

El problema de los vados irá a los Juzgados con denuncias individuales por parte de los vecinos. Un total de casi 400, que en realidad supone sólo un tercio de los vecinos afectados por el cobro retroactivo en el periodo 2005-2008 en la barriada, más de mil familias, de un total de 6669 vecinos. En un paseo por uno de sus sectores, Pedro se pregunta cómo se puede cobrar el vado a una persona cuya casa da salida a una rotonda. "Este vecino se lo ha reclamado y le van a dar la razón porque no es normal, no tiene sentido". En esa línea, recuerda las complicaciones que les da el Ayuntamiento a la hora de demostrar que no se utiliza el garaje por parte de los vecinos. Muchos han pagado el vado durante años porque "no hay otra". "Si quieres quitar el rebaje de la acera no puedes hacerlo tú, tiene que mandar una empresa el Ayuntamiento aunque asumas el coste", explica. Y apunta aún más problemas en ese aspecto. "Una señora mayor llegó a pagar más de mil euros y la empresa desapareció, creo que afortunadamente ha conseguido recuperarlo después de mucho tiempo pero las cosas no se hacen así".

Pedro Garrido, presidente de la AVV. de La Marquesa, durante el encuentro con lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA

Juan tampoco entiende por qué el Ayuntamiento no da una solución, cuando los vecinos están "dispuestos a dialogar". De la última reunión con el actual Gobierno local, que data de septiembre del año pasado, sólo recuerdan "tecnicismos". "Nos tuvimos que levantar e irnos de aquella reunión con Santiago Galván porque llevaron a varios técnicos que decían cosas técnicas que no entendíamos; no pretendían buscar una solución", dice Pedro. Por su parte, Juan cree que una de las vías era la exención de algunos impuestos municipales para saldar una "deuda" que cifra en torno a los 600 euros de media por casa. "Hemos propuesto que se dejara de pagar el IBI durante el tiempo que corresponda o el propio vado, pero nada, todas las respuestas eran negativas".

En una de las calles del barrio, Pedro decide llamar a la puerta de un vecino que tiene instalada la placa de vado. "¿Utiliza usted el garaje", le pregunta. El vecino responde de forma negativa con rotundidad. "Estoy pagando 69 euros cada seis meses porque no me queda otra, pero yo no lo utilizo", dice mientras enseña su patio. "Bastaría con que pongas una pilona en frente de la puerta y lo presentes con la fotografía y una notificación de que tú no estás usando esto", dice Juan. "¿Ah sí?", le responde extrañado. Es una de las vías que están utilizando los vecinos de La Marquesa para demostrar que no todos sus garajes son para estacionar vehículos. Una solución que, por otra, parte, es una salida hoy a un problema que nada tiene que ver con la demanda interpuesta al Ayuntamiento de Jerez. En el caso de que los vecinos ganaran las sentencias, el municipio tendrá que gastar al menos 400.000 euros, según el presidente esta asociación vecinal.

El Ayuntamiento defiende los criterios técnicos de Diputación

En declaraciones a este medio, Santiago Galván, teniente de alcaldesa de Economía del Ayuntamiento de Jerez, insiste en que es el actual Gobierno local quien ha intentado buscar vías de diálogo con los vecinos, acompañándoles hasta a una reunión en Cádiz.

Santiago Galván recuerda que los cobros de los vados dependen de Diputación y que sus técnicos defienden unas actuaciones que se hicieron correctamente. En cuanto a la exención de impuestos para devolver la tasa de cobro retroactiva desde 2005 el teniente de alcaldesa no duda de que es un procedimiento "ilegal" ya que el procedimiento "está totalmente justificado de forma técnica".

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