Más de cien madres y padres que representan a otras tantos asociaciones de centros educativos públicos de la provincia de Málaga han lanzado un comunicado en el que avanzan que adoptarán medidas legales ante la "inacción" de la Junta de Andalucía ante el regreso a las aulas previsto, casi con las medidas prevenciones que "si estuviéramos en tiempos de no pandemia". Por ello, han advertido, "las familias nos estamos organizando contra aquellos responsables políticos que tomen decisiones que pongan en riesgo la salud e integridad de los menores y sus familias. Los cargos públicos tienen responsabilidad ética, administrativa, civil e incluso penal".
La consejería de Javier Imbroda lanzó la pasada semana un decálogo con recomendaciones y respondiendo a las más de 300 dudas lanzadas por la comunidad educativa, aunque ya han llovido las críticas por dejar todas las decisiones en manos de los centros educativos e incluso por amenazar a las familias con la aplicación del protocolo de absentismo si no llevan a sus hijos al colegio por miedo al covid.
"A las familias de estos centros públicos nos parece inaceptable que a estas alturas no se haya tomado ni una sola medida para comenzar el próximo curso escolar en la situación sanitaria de pandemia en la que nos encontramos a nivel mundial. Una de las más importantes, a nuestro entender, es la bajada de ratio por aula, imprescindible para el control del Covid-19. Meter en un aula (pequeñas, hay que apostillar) a 25 a 28 alumnos en primaria e infantil, y de 30 a 35 en secundaria y bachiller, durante 5 horas diarias y 5 días a la semana, es negligente", han señalado.
Del mismo modo, también han recordado que "la contratación de profesorado anunciado a bombo y platillo por la Junta de Andalucía se ha convertido ahora mismo en humo. Se han contratado alrededor de 1.040 docentes menos que en el curso 2019-2020". Mantienen estos representantes de la comunidad educativa malagueña que la secundarización de la enseñanza provoca que un estudiante tenga alrededor de 5 o 6 profesores distintos por las diversas asignaturas, quitando la importantísima función del tutor o tutora. Con el Covid-19 y tantos cambios de profesorado en una jornada lectiva repercutirá en el estudiantado y las familias en primer término y en los/las docentes en segundo término, sería una situación favorable para la propagación del virus. “Y no hemos nombrado especialistas como audición y lenguaje, orientadores/as, pedagogía terapéutica o el personal técnico de Integración social que comparten función con varios centros educativos.
En este punto, las más de cien AMPA malagueñas han querido mostrar "nuestro apoyo, como parte de la comunidad educativa, a nuestros equipos directivos en cualquier medida que tomen en esta dirección; e incluso si deciden optar por la dimisión, las familias estaremos a su lado. Somos conscientes del acoso al que se están viendo sometidas muchas direcciones que han dado nombre y apellidos. A nuestros y nuestras docentes siempre que luchen por los derechos de los menores y sus derechos laborales, nos tendrán al lado; igual que a los PAS, limpiadores y limpiadoras, monitores de matinal, extraescolares y personal de comedor". "Las familias apoyaremos acciones que vayan encaminadas a salvaguardar la salud e integridad de nuestros hijos e hijas y a luchar por sus derechos y que garanticen una educación pública de calidad", abundan. Y añaden: "Y a las familias, nos dirigimos para pedirles la movilización y que asuman el papel determinante que tienen en este proceso. Presencialidad sí, pero con seguridad y garantías".
Infraestructuras inviables
También se refieren en la nota pública a las infraestructuras de los Centros Públicos de Málaga o cualquier provincia andaluza. El Real Decreto 132 del 2010 del 12 de febrero por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria, recoge por un lado que las aulas que atienden al alumnado de infantil dispondrán de 2 metros cuadrados por puesto escolar siendo éstos de 25 alumnos por aula (art. 6 y 7). Pudiendo ser incrementado en un 10% para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía (art. 5 del Decreto 40 del 2011.
Por otro lado consideran que las aulas que atienden al alumnado de primaria, secundaria obligatoria y bachiller dispondrán de 1.5 metros cuadrados por puesto escolar siendo éstos de 25 alumnos en E. Primaria, 30 alumnos en E. Secundaria Obligatoria, 35 alumnos en Bachiller (art.10, 11, 15 y 16) pudiendo ser incrementado en un 10% para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía (art. 5 del Decreto 40 del 2011, punto 2). Si ya la norma se incumple en muchísimos casos sin Covid-19, si atendemos a las recomendaciones sanitarias para salvaguardar la seguridad del 1,5 o 2 metros de separación, con o sin mascarilla, es inviable sin una bajada de ratio por aula.
Igualmente, estas AMPA también han hecho alusión a las zonas comunes como los gimnasios, bibliotecas o los aseos, "un caos". "Habrán pensado en la desinfección a cada hora lectiva de las zonas comunes y materiales deportivos y prácticamente en la desinfección de baños por cada uso de un menor. Parte que le compete a los ayuntamientos, con sus respectivos aumentos de personal y recursos. ¿O van a poner a los alumnos y alumnas a lavar el retrete cada vez que lo usen? Bueno, mejor no dar ideas, que los responsables políticos andaluces son muy activos cuando hablamos de “ahorrar” en la educación pública…", han lamentado con no poca ironía.
La falta de recursos materiales de prevención y seguridad, y la aplicación de protocolos son otras de las quejas de estas madres y padres de centros públicos malagueños, incertidumbre y quejas contra la Junta que se extienden por todas las provincias. "Los equipos directivos no son expertos en sanidad, epidemias, pandemias, o riesgos laborales… son docentes con un poco más de responsabilidad organizativa y docente del centro. Por tanto, cualquier medida que se vaya a adoptar debe estar avalada por un equipo de especialistas en la materia junto con los expertos y expertas sanitarias que visiten uno por uno los distintos centros y vean in situ las peculiaridades de cada uno (que tiempo han tenido desde marzo). Exigimos los documentos de cualquier protocolo que se implemente en los centros educativos con nombres y apellidos todos y todas aquellas que avalen dicho documento", han zanjado.
Comentarios