Un alquiler turístico en un cuartel de la Guardia Civil, una fiesta entre agentes y una pregunta que terminó destapándolo todo. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo a un guardia civil que alquiló a unos turistas la habitación que tenía asignada en el cuartel de Can Sifre, en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), aprovechando que se encontraba ausente.

La situación salió a la luz de una forma insólita. Durante una celebración en las dependencias militares, uno de los turistas apareció en el convite, se sirvió una copa y comenzó a conversar con los agentes. Al preguntarle qué hacía allí, explicó que había alquilado una habitación en el edificio.

Sin vistas al mar y preguntando por drogas

El visitante no se limitó a revelar que estaba alojado en el cuartel. También se quejó de que la habitación no cumplía las condiciones prometidas porque carecía de vistas al mar.

Y todavía hubo otra sorpresa. Según recoge Diario de Ibiza, el turista preguntó a los guardias civiles dónde podía comprar drogas: "Aquí dónde se pilla". La conversación permitió descubrir que cuatro personas de una misma familia estaban alojadas irregularmente en las instalaciones.

Un oficial les ordenó abandonar el recinto, pero los turistas se negaron inicialmente y se encerraron en la habitación, alegando que habían firmado y pagado el alquiler. Finalmente, salieron del cuartel, aunque se marcharon sin devolver las llaves.

El Supremo confirma el castigo al agente

Tras ser sancionado por una falta grave, el guardia civil recurrió ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Alegó que se había vulnerado su derecho de defensa porque no se habían admitido las declaraciones de sus inquilinos ni las de los agentes que presenciaron lo ocurrido.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha ratificado la suspensión de 20 días por incumplir las obligaciones inherentes a su cargo.

El episodio no ha dado lugar, según fuentes del Consell de Ibiza, a una denuncia formal por intrusismo turístico. De haberse tramitado un expediente por alquiler vacacional ilegal, el agente podría haberse enfrentado a una multa de al menos 40.000 euros.