La violencia obstétrica es un término poco asociado a la interrupción voluntaria del embarazo. Se define como "una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio”, según la OMS. No obstante, este tipo de agresiones está presente también en el trato hacia las mujeres que deciden abortar cuando los profesionales atienden de manera desconsiderada a las pacientes, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que acuden.
España logró el derecho a un aborto libre y gratuito en 2010, sin embargo, con la degradación de la sanidad pública y una excusa siempre en entredicho de la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios, han dado como resultado que el 85,6% de los casos de aborto se realicen en centros privados, según los datos de el Ministerio de Sanidad. En la provincia de Cádiz, la interrupción voluntaria del embarazo no está acreditada en ningún centro público, con excepción de casos de malformación o extremadamente peligrosos para la salud de la mujer.
Por ello, a la hora de llevar a cabo el derecho las mujeres a abortar gratuitamente y en la sanidad pública, las pacientes se encuentran ante un carrusel de clínicas privadas acreditadas por la Junta de Andalucía. Aunque la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece las correspondientes obligaciones a los poderes públicos, no existen ese tipo de intervenciones en ningún centro público en la provincia. Solo hay tres centros autorizados: El Puerto, Cádiz y Algeciras. Una ruleta de clínicas concertadas que la Junta de Andalucía ha dejado a cargo de la salud de las mujeres que quieren ejercer el derecho al aborto y que no asegura su bienestar. El desgaste de la Seguridad Social trae como consecuencia el maltrato a sus pacientes, esta vez a través de la violencia obstétrica.
Falta de medios públicos
Es el caso de M.V, quien ha pedido preservar el anonimato por futuras repercusiones. La joven sanluqueña de 25 años cuenta a lavozdelsur.es que ha tenido dos embarazos indeseados y denuncia haber recibidos tratos vejatorios por parte de diversos trabajadores de la sanidad: “No me siento segura, me he sentido como una cerda, como si mi bienestar personal no importase nada a nadie”.
Narra que tuvo su primer aborto con 19 años. Fue un embarazo ectópico, que se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero y que es de obligada interrupción: “Estuve dos meses embarazada esperando que el feto bajase para poder abortar, acudiendo a un ginecólogo privado que tenía que pagar con mi dinero para que me fuese informando del estado en el que estaba porque no había cita por la Seguridad Social”.
Eso solo era el principio de una pesadilla que le hizo pasar por tres abortos en un mismo embarazo: “Me mandaron a la clínica de El Puerto, pero cuando llegué vi a una mujer super delgada con pañales en la sala de espera. Me dio miedo y salí corriendo. Luego me destinaron a Cádiz. Allí, aunque me trataron muy bien, el aborto se complicó. Me dejaron restos del feto aún dentro y me derivó en una fuerte infección”. Esa fue su primera intervención.
“Cuando empecé a encontrarme mal fui Urgencias en el hospital Virgen del Camino (del holding privado Pascual), en Sanlúcar de Barrameda. El ginecólogo de guardia me dio una pastilla abortiva para que dilatase y soltara los restos. El dolor era igual que un parto, tanto que en mi casa me desmayé. Entonces me llevaron al Hospital de Jerez, donde me hicieron un legrado y me quede ingresada tres días”, recuerda la joven que afirma tener secuelas psicológicas después de esos sucesos. Cinco años más tarde la historia se repite: ha vuelto a quedarse embarazada y la situación de precariedad laboral en la que se encuentra no le permite seguir adelante. Una situación a la que se enfrenta cientos de jóvenes gaditanos debido al elevado paro juvenil de la provincia.
Abandonada por las instituciones públicas
Cuenta que, tras haber vivido estas experiencias traumáticas en su primer aborto, tenía mucho miedo de que se volviese a complicar y que fuese de nuevo un embarazo ectópico, por lo que después de ir mi médico de cabecera fue al ginecólogo privado para ver si todo iba bien: "Tuve que hacerme dos analíticas dos días diferentes para comprobar mi estado. Cuando me hice la primera, me dieron unos fuertes dolores de barriga por la noche y me dirigí de nuevo al hospital de Sanlúcar”. Volvió a sentirse con indefensa. “En el hospital, el médico me dijo que no podía hacer nada y que a Urgencias no se iba por un dolor de barriga. Empezó a hacer comentarios como ‘vaya con la juventud de hoy en día’, juzgándome, mientras se negaba a hacer nada por mí. Al final, tras discutir con él, acabó accediendo a verme a regañadientes, pero estaba muy nerviosa y me fui”, relata con cierto tono de rabia.
Le dieron cita para abortar en Cádiz y la experiencia no mejoró: “Dije que estaba resfriada y, cuando estaba preparada, el anestesista entró con el teléfono en la mano sin mirarme a la cara para decirme que tendrían que hacerme la intervención sin anestesia. Me dijo ‘Esto va a doler, no te vayas a mover mucho”. La entrevistada, cuenta que entró en pánico y decidió irse. Ahora tiene la última cita en Algeciras, donde se queda a dormir en un hotel debido a la lejanía del centro.
Nunca le han ofrecido tratamiento psicológico, nadie ha rendido cuentas de lo que le sucedió la primera vez. Ahora se siente sola, dice que se siente abandonada por las instituciones públicas que le han dejado a su suerte. Tiene miedo de lo que pueda pasar, no de la intervención, sino de que le hagan sentir indefensa nuevamente. La violencia obstétrica abarca también ese maltrato emocional cuando no se tienen en cuenta el bienestar psicológico que sufre el paciente. Una situación que está en manos de las instituciones públicas intervenirlas para garantizar el derecho a un aborto digno.
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