El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción de Cs en demanda de "potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles", que además reclama al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos "reformas legales" contra dicha práctica,
El portavoz municipal de Cs, Álvaro Pimentel, ha defendido esta moción insistiendo en que según datos estadísticos del Ministerio de Interior, Sevilla es "la cuarta ciudad de España con mayor índice de ocupación ilegal de viviendas", con una tasa de 42 inmuebles okupados por cada 10.000 viviendas. Al respecto, ha avisado de las "mafias dedicadas a este fenómeno, "realquilando pisos a familias vulnerables" sin ostentar la propiedad de los mismos.
Avisando de que dicha práctica afecta a barrios como San Lorenzo, la Alameda de Hércules, la calle Feria, Nervión, la Macarena, Los Pajaritos o Pino Montano, ha indicado que además de implicar "un atentado contra el derecho fundamental a la propiedad privada", supone un "deterioro de la convivencia" en las comunidades afectadas.
Y dado que "el ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente la tenencia y disfrute pacífico de las propiedades", según Pimentel, la moción de Cs proponía un "plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios"; "potenciar la coordinación y la cooperación contra la ocupación ilegal de inmuebles, entre la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia; y reclamar al Gobierno central "reformas legales para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas".
Ante ello, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha aplaudido que Cs se "sume" a su partido en la lucha contra la "insostenible situación" que a su entender está provocando el fenómeno de las ocupaciones ilegales de vivienda, lo que le ha llevado a rememorar que Vox ha solicitado en el Congreso una modificación legislativa para endurecer las penas por los delitos de usurpación y ampliar la protección de los propietarios. Así, ha insistido en los "alarmantes datos" relativos a la usurpación de viviendas.
Por parte de Adelante, la concejal Sandra Heredia ha llamado a diferenciar entre los delitos de allanamiento de morada, es decir el acceso a una vivienda en contra de la voluntad de su morador, que cuenta con mecanismos de "expulsión inmediata"; y de usurpación, "legalmente diferente" y que se limita a tipificar el apoderamiento de una propiedad o de un derecho ajeno.
En ese sentido, ha avisado de que el último balance anual arroja 287 delitos de allanamiento de morada cometidos en España, "menos de uno al día", mientras "el 97 por ciento" de las usurpaciones recaen en "viviendas que llevan años vacías y propiedad de la banca" en un contexto de numerosas familias víctimas de desahucios. Por eso, ha llamado a no creer la "música de alarma y el tono aterrador" de los partidos conservadores y a reflexionar sobre las necesidades habitacionales.
Por el PP, el concejal Jesús Gómez Palacios ha conectado los casos de ocupaciones de vivienda con los "comportamientos incívicos" y "alteraciones del orden", asegurando que "el fenómeno ocupa se extiende como una marea por toda España", inyectando "miedo" entre las comunidades de vecinos afectadas por este tipo de situaciones.
Gómez Palacios ha criticado que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos no considere como "una prioridad" la lucha contra este fenómeno, cuando constituye "una amenaza para todos los ciudadanos", así como motivo de conflicto en los vecindarios al llevar aparejadas prácticas como las acometidas ilegales de la electricidad o el agua. Además, ha alertado de que en los últimos años, los casos de ocupación de vivienda "se han multiplicado un 23 por ciento" respecto a inmuebles propiedad de particulares, bancos o fondos de inversión, con un repunte en el primer semestre de este año que ha conectado con el nuevo Gobierno de coalición.
Finalmente, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha avisado de que se trata de un asunto "complejo", diferenciando al igual que Adelante entre los casos de allanamiento de morada, ante los cuales procede un "desalojo inmediato", y las usurpaciones "a veces con el consentimiento tácito de un empresario especulador" o la participación de "mafias" que aprovechan las necesidades de alojamiento de las personas vulnerables.
Diferenciando "claramente" cada una de estas situaciones, ha recordado que la esfera municipal carece de "competencias" en la materia y ha admitido que la legislación debe dar mejor "respuesta" ante las ocupaciones. En ese sentido, ha recordado que el alcalde, Juan Espadas, ha propuesto una mesa de trabajo entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para analizar si la legislación actual es suficiente para atajar el problema y que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado una instrucción en la materia.
Así, PP y Vox han apoyado por completo la moción de Cs, mientras Adelante se ha opuesto enteramente, y el primer punto no ha prosperado al votar en contra el PSOE y los restantes han sido aprobados al contar con el apoyo o abstención del PSOE.
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