El Ministerio de Sanidad ha iniciado un procedimiento legal dirigido a la Junta de Andalucía y a otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para exigir la entrega de los datos relativos a los programas de cribado de cáncer. La medida se ampara en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa estatal en materia de salud pública y prevención oncológica. Según el departamento que encabeza Mónica García, las comunidades gobernadas por otras formaciones políticas ya han remitido la información solicitada o se han comprometido a hacerlo en los próximos días.
El requerimiento formal enviado por el Ministerio reclama la remisión inmediata de los indicadores del programa poblacional de cribado de cáncer, pactados previamente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Sanidad sostiene que esta información es necesaria para evaluar la eficacia de las políticas preventivas y para garantizar que se cumplan las obligaciones legales en todo el territorio. La ministra ha insistido en que la ley obliga a las administraciones autonómicas a cooperar y a facilitar los datos necesarios para la coordinación y la vigilancia sanitaria.
Entre las normas que respaldan la actuación del Ministerio se encuentran la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley General de Salud Pública, que establecen la obligación de colaboración entre administraciones. El departamento de García advierte que, si no recibe la información requerida dentro del plazo establecido, recurrirá a la vía contencioso-administrativa para exigir su cumplimiento. La medida busca activar los mecanismos legales disponibles para garantizar la transparencia y la cooperación institucional en materia sanitaria.
El Ministerio ha señalado de forma particular la situación en Andalucía, donde asegura que los programas de cribado de cáncer de mama han sufrido interrupciones desde 2021. Según Sanidad, esta situación ha afectado a mujeres que han denunciado la paralización del programa y la falta de respuesta por parte del Gobierno autonómico. El departamento considera que la ausencia de datos y la falta de transparencia en este ámbito comprometen la capacidad del sistema sanitario para ofrecer una prevención eficaz y equitativa.
La defensa de los derechos de la ciudadanía
García ha vinculado esta actuación con la defensa del derecho de la ciudadanía a una sanidad pública de calidad y con la obligación de los gobiernos autonómicos de proteger la salud de las mujeres. Desde el Ministerio se insiste en que los datos relativos a los cribados no pertenecen a los ejecutivos autonómicos, sino a la población, y que su ocultación perjudica tanto la confianza ciudadana como la eficacia del sistema. Sanidad considera que la negativa de algunas comunidades a facilitar la información constituye un incumplimiento de los principios de lealtad y cooperación institucional.
Además, el Ministerio ha recordado que recientemente remitió un requerimiento similar a la Comunidad de Madrid en relación con el registro de objetores de conciencia previsto en la ley del aborto. El departamento ha advertido de que, si la información no se entrega en el plazo fijado, se emprenderán igualmente acciones legales. Con ambas medidas, Sanidad pretende reforzar la rendición de cuentas de las administraciones autonómicas y asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el sistema nacional de salud.
