La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha solicitado a las mujeres afectadas por demoras en pruebas diagnósticas dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama que notifiquen sus casos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para poder ser atendidas en un circuito preferente. Además, la consejería prevé revisar todo el proceso de cribado para que las lesiones dudosas sean tratadas de manera automatizada.
Hernández ha destacado que el programa de detección precoz del cáncer de mama sigue siendo una herramienta que salva vidas. Cada año invita a participar a más de un millón de mujeres y, solo entre enero y agosto de este año, ha permitido diagnosticar 1.800 cánceres de mama que de otro modo podrían no haberse detectado.
La consejera ha expresado disculpas a las afectadas por la situación de incertidumbre generada por las demoras y ha señalado que hasta la noche del martes no se habían recibido quejas al respecto. Asimismo, ha lamentado que la asociación Amama, que alertó sobre los retrasos, no se haya puesto en contacto previamente con la Consejería, aunque se prevé una reunión con la entidad la próxima semana.
En sus declaraciones, Hernández ha apuntado a una posible manipulación de las críticas hacia el sistema sanitario público tras la difusión de los retrasos. Ha admitido que, como todos los sistemas sanitarios, puede presentar debilidades, pero ha defendido la inversión realizada en equipos de mamografía para mejorar el programa.
El Defensor del Paciente ha llevado el caso a Fiscalía
El caso de las demoras ha motivado que el Defensor del Paciente solicitara a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue al SAS por presunta dejación de funciones. La entidad considera que las demoras han puesto en grave riesgo a las mujeres, que podrían sufrir agravamiento de su enfermedad o consecuencias físicas severas.
En su petición, el Defensor del Paciente ha subrayado que los programas de detección y prevención deben cumplirse sin retrasos, advirtiendo que su incumplimiento genera sufrimiento y costes adicionales para la sanidad pública.
La consejera ha insistido en que las mujeres que puedan estar afectadas se pongan en contacto con el SAS para ser incluidas en el circuito preferente, una vez revisada su historia clínica, sin importar el número de casos.
