El sistema sanitario podría enfrentarse a un nuevo golpe a finales de año. Más de mil médicos de familia y pediatras de Atención Primaria podrían verse obligados a abandonar sus consultas el próximo 28 de diciembre, fecha en la que expira la llamada jubilación activa mejorada, una medida que durante tres años ha permitido a estos profesionales seguir trabajando tras alcanzar la edad legal de retiro. Así lo ha denunciado el Sindicato Médico Andaluz a través de una nota de prensa que cita un informe del Centro de Estudios SIMEG “Vicente Matas”. En él, se alerta del riesgo que supondría el fin de esta iniciativa, aprobada en 2022 como plan piloto, y que el Gobierno aún no ha confirmado si prorrogará. Si no hay una renovación a tiempo, el 29 de diciembre la Atención Primaria amanecería con más de un millar de consultas vacías en todo el país.
La medida nació para paliar el déficit de médicos y retener a profesionales con experiencia mientras se formaban nuevos especialistas. Según el informe, ha permitido mantener abiertas numerosas consultas, especialmente en zonas rurales o pequeños municipios, donde cubrir una vacante puede tardar meses.
Sin embargo, el reloj corre y la falta de decisión amenaza con agravar una situación ya crítica. En comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, las plantillas están especialmente envejecidas y los pacientes deben esperar hasta dos semanas para obtener cita con su médico de familia.
El estudio subraya que los profesionales acogidos a esta modalidad son los que están “sosteniendo la atención en muchos lugares”, y advierte que su salida repentina aumentaría la presión sobre los equipos restantes. La jubilación activa mejorada permite a los médicos seguir trabajando hasta los 70 años, percibiendo el 75% de su pensión junto con su salario, y continúan cotizando a la Seguridad Social.
Para muchos, no se trata de una cuestión económica, sino de vocación. Quieren seguir atendiendo a sus pacientes y contribuir con su experiencia a un sistema que lleva años tensionado. Pero la normativa no prevé una prórroga automática, por lo que, sin una decisión política antes del 28 de diciembre, los contratos quedarán extinguidos de inmediato.