El Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha licitado un nuevo contrato valorado en 34.836.264 euros para garantizar la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo antes de las catorce semanas de gestación en la comunidad autónoma. La nueva contratación da continuidad a un modelo que se mantiene desde 1997 y sustituirá al acuerdo marco vigente desde 2021. En aquella licitación resultaron adjudicatarias diez empresas, que, según la documentación del procedimiento, han venido prestando el servicio con normalidad durante la vigencia del contrato.
La memoria justificativa de la licitación recoge que el acuerdo marco de 2021 estableció un precio unitario de 468,24 euros para ocho de las empresas adjudicatarias, mientras que otra percibía 468 euros por intervención y una décima, 450 euros. Tras más de cuatro años de vigencia de ese marco contractual, el SAS considera necesario revisar dichos importes y fijar un nuevo sistema de precios adaptado a la situación actual. La documentación señala que otras comunidades autónomas manejan tarifas superiores para este mismo servicio, como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde el precio unitario se sitúa en 564 euros, o en Canarias, donde alcanza los 543 euros.
El organismo autonómico sostiene que la comparación con esos contratos refleja tanto la existencia de diferencias entre los ámbitos público y privado como que los precios actualmente aplicados en Andalucía son inferiores a los vigentes en otros territorios para la prestación de interrupciones voluntarias del embarazo de hasta catorce semanas que no impliquen un alto riesgo para la gestante. Por este motivo, el SAS defiende una actualización de los importes fijados en el anterior acuerdo marco y plantea elevar el precio unitario desde los 468,24 euros hasta los 537 euros. La propuesta atribuye este incremento a la aplicación de la subida acumulada del índice de precios al consumo durante los años transcurridos desde la anterior licitación.
Aumento de interrupciones
La memoria también indica que el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas dentro de las primeras catorce semanas de gestación mantiene una tendencia de crecimiento sostenido año tras año. El SAS considera que no existen elementos que permitan prever un cambio en esa evolución, por lo que tiene en cuenta ese incremento de la actividad al planificar la nueva contratación destinada a cubrir la prestación de este servicio sanitario durante los próximos años.
En paralelo, la documentación recuerda que los procedimientos correspondientes a embarazos de más de catorce semanas o considerados de alto riesgo se encuentran regulados mediante el Acuerdo Marco 2901/2024, cuyos contratos comenzaron a ejecutarse el 1 de noviembre de 2025. El SAS explica que esta diferenciación entre contratos responde a los criterios de acreditación de centros establecidos en el Real Decreto 831/2010, que fija el umbral de las catorce semanas de gestación. De este modo, el organismo sanitario dispondrá de dos acuerdos marco diferenciados, adjudicados a varias empresas en función de la edad gestacional.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha licitado un nuevo contrato valorado en 34.836.264 euros para garantizar la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo antes de las catorce semanas de gestación en la comunidad autónoma. La nueva contratación da continuidad a un modelo que se mantiene desde 1997 y sustituirá al acuerdo marco vigente desde 2021. En aquella licitación resultaron adjudicatarias diez empresas, que, según la documentación del procedimiento, han venido prestando el servicio con normalidad durante la vigencia del contrato.
La memoria justificativa de la licitación recoge que el acuerdo marco de 2021 estableció un precio unitario de 468,24 euros para ocho de las empresas adjudicatarias, mientras que otra percibía 468 euros por intervención y una décima, 450 euros. Tras más de cuatro años de vigencia de ese marco contractual, el SAS considera necesario revisar dichos importes y fijar un nuevo sistema de precios adaptado a la situación actual. La documentación señala que otras comunidades autónomas manejan tarifas superiores para este mismo servicio, como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde el precio unitario se sitúa en 564 euros, o en Canarias, donde alcanza los 543 euros.
El organismo autonómico sostiene que la comparación con esos contratos refleja tanto la existencia de diferencias entre los ámbitos público y privado como que los precios actualmente aplicados en Andalucía son inferiores a los vigentes en otros territorios para la prestación de interrupciones voluntarias del embarazo de hasta catorce semanas que no impliquen un alto riesgo para la gestante. Por este motivo, el SAS defiende una actualización de los importes fijados en el anterior acuerdo marco y plantea elevar el precio unitario desde los 468,24 euros hasta los 537 euros. La propuesta atribuye este incremento a la aplicación de la subida acumulada del índice de precios al consumo durante los años transcurridos desde la anterior licitación.
Aumento de interrupciones
La memoria también indica que el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas dentro de las primeras catorce semanas de gestación mantiene una tendencia de crecimiento sostenido año tras año. El SAS considera que no existen elementos que permitan prever un cambio en esa evolución, por lo que tiene en cuenta ese incremento de la actividad al planificar la nueva contratación destinada a cubrir la prestación de este servicio sanitario durante los próximos años.
En paralelo, la documentación recuerda que los procedimientos correspondientes a embarazos de más de catorce semanas o considerados de alto riesgo se encuentran regulados mediante el Acuerdo Marco 2901/2024, cuyos contratos comenzaron a ejecutarse el 1 de noviembre de 2025. El SAS explica que esta diferenciación entre contratos responde a los criterios de acreditación de centros establecidos en el Real Decreto 831/2010, que fija el umbral de las catorce semanas de gestación. De este modo, el organismo sanitario dispondrá de dos acuerdos marco diferenciados, adjudicados a varias empresas en función de la edad gestacional.
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