Casi 21 millones de euros por 68 días, los que transcurren entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2022. Es lo que ha recibido el grupo Pascual por un contrato verbal declarado nulo. Así lo ha aprobado la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno celebrado el 23 de mayo, a cinco días de las elecciones municipales.
El Gobierno andaluz validó así la propuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el abono de 20,87 millones de euros al Grupo José Manuel Pascual Pascual SA por la prestación del servicio en sus centros sanitarios de la provincia de Cádiz. El contrato que la Junta declaró nulo tiene que ver con la prestación del servicio en los hospitales del grupo Pascual en El Puerto, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.
El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, inició en octubre de 2022 un procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad de "la contratación, sin formalización alguna, con la empresa José Manuel Pascual Pascual SA para la prestación de asistencia sanitaria" en esos tres centros sanitarios. El 9 de marzo de este año el gerente del SAS acuerda declarar esa nulidad y abonar al grupo esos 20,87 millones.
El SAS suscribió en junio de 2017 un contrato para la disponibilidad asistencial de esos tres hospitales homologados del grupo José Manuel Pascual en la provincia de Cádiz, cuyo plazo de ejecución era de cuatro años desde su formalización y expiró el 7 de junio de 2021.
"Esta agencia reconoce mediante certificados emitidos por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, de fecha 20 de mayo del 2022, para el mes de abril de 2022, 17 de junio de 2022, para el mes de mayo de 2022 y del 4 de julio de 2022, para el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de junio de 2022, aún sin existir contrato alguno, ha continuado la prestación de asistencia a usuarios del SAS, por los Hospitales de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, al no haberse podido interrumpir la asistencia prestada", argumenta el informe del gerente del SAS.
Y la atención de pacientes sin un contrato lleva al SAS a indicar que "se entiende que se ha de abonar la asistencia prestada al objeto de que el contratista pueda asumir sus obligaciones laborales, fiscales y de cualquier otra naturaleza". El SAS concluye que "se trata de un acto nulo de pleno derecho" y que entonces procede a "la revisión de oficio para la declaración de nulidad... de la contratación realizada entre el Servicio Andaluz de Salud y la empresa José Manuel Pascual Pascual SA, de prestación de asistencia sanitaria especializada, de carácter programado y urgente a los usuarios de la citada agencia, en los hospitales propiedad de la empresa en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín".
Esa propuesta de resolución del contrato y su posterior pago por el servicio recibido ha contado con el aval de la asesoría jurídica del SAS y del Consejo Consultivo de Andalucía, aunque este órgano se declaró a favor de que a este grupo sanitario se le hubiese pagado un 6% en concepto del beneficio industrial, como reclamaba Clínicas Pascual en las facturas remitidas al Gobierno andaluz. En ese caso la cantidad adeudada habría ascendido a 22,12 millones.
Entre "las razones" para pagar ese benificio industrial, a juicio del Consejo Consultivo, eran "en primer lugar, porque se trata de servicios enmarcados dentro de la contratación realizada originariamente. En segundo lugar, porque existe un evidente interés público en el mantenimiento del servicio al tratarse de un servicio público esencial básico mediante el cual se garantiza la prestación asistencial a los núcleos de población afectados que de otro modo no tendrían cobertura médica", a lo que sumó que "fueron acordados ante la ausencia en ese momento de una nueva licitación por la Administración contratante a quien ya era contratista, por lo que resulta irrazonable pensar que la contratista se debía haber negado a realizar la prestación encargada".
Este pago se suma al acuerdo que validó el pleno del Parlamento de Andalucía el 12 de diciembre de 2022, un decreto de autorización al SAS para firmar un acuerdo transaccional con el grupo José Manuel Pascual Pascual SA, para el pago de 121 millones a la empresa para que desistiera de los procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno andaluz por la resolución de contratos anteriores.
El Gobierno andaluz prevé liquidar esos 121 millones en cinco pagos anuales de 24,21 millones, cuya primera anualidad fue antes del 31 de marzo de este año, y las siguientes anualidades se abonarán antes de 31 de diciembre de 2023, 2024, 2025 y 2026. Ese acuerdo lo refrendaron PP y Vox y lo rechazaron PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sostuvo en su defensa de la iniciativa ante el Parlamento que ese acuerdo extrajudicial ahorraba un 55% a las arcas públicas autonómicas por cuanto la reclamación judicial de la empresa era de 242 millones más intereses, que cifró en 39 millones de euros. La consejera reconoció que se trataba de "un gasto extraordinario del SAS" pero que traerá un ahorro en previsión de evitar la acumulación de fallos judiciales favorables al Grupo José Manuel Pascual.
García argumentó entonces sobre el contencioso de la Junta de Andalucía con Clínicas Pascual que el SAS utilizó entre 2014 y 2017 tres hospitales en Cádiz "sin firmar un papel" y que supuso destinar 407 millones a las Clínicas Pascual, que exigió 240 millones sin intereses.
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