El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado este miércoles la propuesta de adjudicación de un acuerdo marco para la contratación de procedimientos quirúrgicos, cuyo valor estimado asciende a 231 millones de euros. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, lo que elevaría su valor máximo hasta los 533 millones.

Según ha informado la Consejería de Salud y Consumo, este acuerdo marco busca establecer las condiciones generales para la contratación de servicios quirúrgicos con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de respuesta asistencial en la comunidad andaluza.

Este tipo de instrumentos contractuales se considera una herramienta eficaz para racionalizar la contratación pública, al permitir una mayor agilidad y eficiencia en los procesos. Entre sus principales ventajas, destacan la posibilidad de definir previamente las condiciones que regirán futuras contrataciones, evitando así repetir los procedimientos licitadores en cada ocasión.

Los acuerdos marco

La utilización de acuerdos marco, según la Junta, reduce la carga administrativa y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Al facilitar la centralización de servicios recurrentes, se logran mejores condiciones en términos de precio y plazos, gracias al aprovechamiento del volumen de contratación.

Otra de las ventajas señaladas es la mejora en la planificación del gasto público. Al establecerse con antelación los términos contractuales, los órganos de contratación pueden prever con mayor precisión sus necesidades presupuestarias, lo que contribuye a una gestión económica más ordenada.

En el proceso de licitación han participado 53 empresas, que han presentado ofertas para un total de 75 centros sanitarios. Una vez finalizada la selección de empresas admitidas, los distintos órganos de contratación provinciales adjudicarán los contratos específicos en función de sus necesidades, siguiendo criterios objetivos establecidos previamente, con el fin de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el procedimiento.

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Emilio Cabrera.

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