El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que pagar más de 30.000 euros a una mujer que lleva once años esperando un tratamiento de gigantomastia mamaria, y que finalmente tuvo que operarse en la sanidad privada.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la condena al SAS por negligencia y mala praxis en la atención a una mujer que desde 2014 ha estado esperando un tratamiento de gigantomastia mamaria en la sanidad pública.
Roberto Carlos Ortega, del despacho jerezano Roberto Carlos Ortega Abogados, que ha defendido los intereses de la afectada en todo el proceso, explica que "todo comienza en 2014 cuando la mujer acudió al Servicio Andaluz de Salud por dorsalgia y cervicalgia asociadas a una gigantomastia. Los médicos la consideraron apta para una reducción mamaria con el único objetivo de obtener una mejora funcional de sus capacidades y limitaciones".
"Quedó peor que estaba"
El letrado jerezano sigue contando que, tres años después, "la mujer fue operada, pero se le retiró una cantidad insuficiente de mama, y ya en la primera revisión se confirmó que la operación no había sido satisfactoria". La conclusión fue que no solo no se había conseguido el objetivo de aliviar su cervicalgia y dorsalgia, "sino que quedó peor que estaba, al seguir con la gigantomastia y, además, le habían generado una asimetría mamaria muy significativa".
Además, también sufría distensión en los pezones y unas cicatrices ensanchadas y verticales que originaron en la paciente un perjuicio psicológico que se vio incrementado por el enorme lapso temporal que pasó hasta que, en el año 2021, el SAS la volvió a valorar y autorizó una nueva intervención.
Después de esperar cuatro años para ser reevaluada, soportando las dolencias citadas, la afectada fue incluida en una lista de espera indefinida, lo que la llevó a tomar la decisión de acudir a la sanidad privada, donde le realizaron la operación.
Compensación por los años de espera
Ahora, el TSJA ratifica la condena al SAS, que deberá indemnizar a la afectada con más de 30.000 euros "para compensar no solo el daño patrimonial que le ocasionó tener que pagarse la operación en la sanidad privada, sino también el perjuicio personal sufrido por los años de espera, la nueva intervención y el daño psicológico ocasionado por la primera operación infructuosa", explica Ortega.
El abogado jerezano, especialista en la defensa de afectados por negligencias médicas, se alegra de que la Justicia haya compensado todos los perjuicios ocasionados por la sanidad pública a esta mujer, y anima a todas las personas que sientan que han podido ser víctimas de una mala praxis a que acudan a los profesionales pertinentes para valorarla sus derechos y poder defenderlos con garantías.