Clara tiene 20 años y, cada día, se monta en un autobús pública para desplazarse desde Jerez hasta El Puerto, donde acude a un centro de educación especial en el que comparte clase con sus compañeros. Ella no puede llevar mascarilla, porque padece un retraso psicomotor grave —sus padres aún esperan un diagnóstico exacto— y se agobia, y tampoco sabe cuando será vacunada. “No nos dicen nada, que es lo más desesperante”, expresa su madre, Olga Rosell, que asegura que su hija está muy “expuesta”.
“En el centro está en contacto con el personal docente, con cuidadores, con monitores… Están altamente expuestos”, relata Olga. Su hija, Clara, a pesar de tener un grado III de dependencia, y estar incluida en el grupo de grandes dependientes, desconoce en qué momento podrá ponerle la vacuna contra el coronavirus. “En teoría los mayores de 80 años y los dependientes más graves iban a ser vacunados los primeros, pero he preguntado en el centro de salud y no me dicen nada. Y conozco a otras madres en mi misma situación”, señala Rosell.
La joven, como otros muchos grandes dependientes, “está en el limbo”. “No entiendo cómo nadie me dice cuándo se va a vacunar a mi hija”, dice Olga. Clara acude al centro de educación especial, monta a caballo y se relaciona con una cuidadora que acude a su casa una vez por semana, además del contacto que tiene durante el trayecto a El Puerto, donde va sin mascarilla.
“Hablamos de dependientes que si cogen el covid y tienen que ser ingresados… mi hija no habla, come puré, lleva pañal, es como un bebé de un año, pero con 20 años. Si ingresa tengo que ir con ella y estar en zona de infecciosos”, dice Olga, preocupada. “Hay mucha descoordinación en los criterios que se utilizan para vacunar a dependientes”, se queja. En Jerez, asegura, hasta hace poco “no tenían previstos a los grandes dependientes en el calendario de vacunación, avisamos y nos dijeron que tomaban nota”.
Olga Rosell, desesperada ante la situación, ya ha interpuesto una reclamación en su centro de salud, del que aún no tiene noticias. “Mi hija es como una niña, se mete las manos en la boca, se las chupa, grita cuando se pone nerviosa… No puede estar todo el día en el colegio con mascarilla, es imposible”, cuenta. “La mascarilla para ella es un complemento, como un gorro, pero no la aguanta”. “Mi marido está vacunado y ella no, es algo que no se entiende”, agrega.
La enfermedad que padece aún no tiene un nombre concreto, no tiene diagnóstico. Hace unas semanas, tras los análisis realizados a la familia hace un año, se han encontrado alteraciones genómicas en la joven, que provocan su retraso mental. "Aguanté trabajando hasta que tenía cuatro años y medio", cuenta Olga, su madre. "Tuve que dejar de trabajar, sin derecho a paro, porque entonces aún no se cubría a los cuidadores", cuenta, una posibilidad que se implantó tras la aprobación de la Ley de Dependencia.
"Los cuidadores somos los pobres del futuro", dice Olga, que teme que cuando quiera reincorporarse al mercado laboral tenga "una edad difícil" para encontrar empleo. "Cuando hay cualquier contingencia se deja al descubierto que los dependientes, como colectivo, siguen siendo los invisibles".
La Junta de Andalucía anunció, hace unas semanas, que iba a empezar la vacunación de grandes dependientes en sus domicilios, unas 95.000 personas en toda la comunidad, a lo que suma los 25.000 dependientes previamente vacunados por disponer de mayor movilidad o por vivir en residencias. En ninguno de estos grupos se encuentra Clara, que está, como recuerda su madre, "en el limbo".
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