La nueva situación en España tras el fin del estado de alarma, el 9 de mayo, deja un mundo de nuevas decisiones que tendrán que tomar los gobiernos autonómicos para afrontar el control de la pandemia. Por un lado, avanza la vacunación con fuerza, especialmente entre las personas con más riesgo de sufrir el peor cuadro de la enfermedad, pero por otro, el riesgo de brotes aumentará si no hay un marco jurídico que avale el cierre en las situaciones más extremas.
Así, el Gobierno central ha presentado una reforma que obliga al Tribunal Supremo a pronunciarse en menos de cinco días cuando le lleguen asuntos rebotados de los TSJ, los tribunales superiores de las comunidades autónomas. Estos serán los primeros en valorar si las medidas contra los contagios para paralizar la actividad son constitucionales o no. Y es que significa eliminar parcialmente un derecho fundamental como es la libertad de movimiento, o el mero hecho de recortar horarios en empresas que, por licencia, pueden abrir hasta más tarde, véase bares y comercios.
Dentro de toda la complejidad, la Junta ha puesto en marcha un mecanismo contrarreloj, a pesar de que hace ya dos meses que el Gobierno venía avisando de que no habría prórroga. Y entre las medidas que contempla este plan, que debería ponerse en marcha desde el viernes, está el confinamiento por barrios, una medida que ya puso en marcha Isabel Díaz Ayuso para controlar la pandemia en la ciudad de Madrid, la más poblada de España. En lugar de cerrar una localidad de millones de habitantes, lo cual sería además un sinsentido porque permitiría la movilidad de muchísimas personas entre zonas muy afectadas, decidió confinar por zonas básicas de salud, es decir, por barrios y distritos, informa ABC.
Y eso lo va a hacer la Junta con el nuevo plan. No es que antes no pudiera hacerse legalmente, que sí se podía, pero no lo llevó a cabo. Ahora es cuando contempla ser mucho más eficiente a la hora de decidir un cierre: solo las zonas más afectadas dentro de las ciudades, controladas por perímetros policiales, donde se permita la movilidad por causa justificada, como ocurría ya al salir de un municipio cerrado perimetralmente.
Asimismo, las barreras jurídicas también se presentan sobre el toque de queda (que no se impondrá a corto plazo) y sobre las citadas licencias de negocios, pues puede imponerse un cierre antes de la hora normal e incluso continuar con el máximo de aforos. Implicará nuevas normativas en materias de consumo, pero realmente sí se puede obligar a un cierre antes de la hora si se tiene en cuenta que una norma autonómica ya habilitaba a los ayuntamientos a obligar a un cierre previo -adelantar el cierre- en el caso de que una calle o zona se declarase acústicamente saturada. Bajo ese principio, igual que podían cerrarse discotecas a la una de la mañana a pesar de que sus licencias contemplasen más horas, podría ahora la Junta habilitar esos mecanismos.
Moreno dice que no habrá toque de queda por ahora
En declaraciones a periodistas este miércoles, Moreno Bonilla ha hablado de "Soy partidario de hacer una desescalada progresiva. El Covid no se ha ido, siguen muriendo todos los días personas en España y Andalucía, siguen infectándose y sufriendo con la enfermedad. Por tanto, a pesar de empezar a ver la luz al final del túnel, hay que vacunar y cumplir con los objetivos de vacunación. Ser muy serios y rigurosos", ha advertido, para reclamar una vez más a la ciudadanía "prudencia" en una "desescalada suave".
En este sentido, ha señalado que la Junta, una vez no esté declarado el estado de alarma nacional y decaiga el toque de queda, "solo lo volvería a establecer si las condiciones epidemiológicas lo recomendaran, pero ahora mismo la incidencia está bajando" y se sitúa en 197 casos cada 100.000, por debajo de la media nacional. "Si se produce un brote, usaré todos los instrumentos a nuestro alcance y no dudaré en tomar medidas por muy duras que sean para preservar la salud de las personas", ha aclarado.
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