Pacientes de Almería oriental cruzando la frontera provincial para operarse en un hospital privado de Murcia, con la factura pagada por la Junta de Andalucía. No es un caso aislado ni puntual: es una práctica que se repite desde hace meses y que ya ha costado a las arcas públicas andaluzas 3,8 millones de euros en dos contratos consecutivos, según ha denunciado Adelante Andalucía.
El origen del problema está en el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, el centro de referencia para la sanidad pública de Almería oriental. Según ha reconocido el propio consejero de Salud, Antonio Sanz, este hospital presenta un "déficit grave de facultativos en especialidades clave" y constituye un área de "difícil cobertura estructural". Ante la imposibilidad de dar cobertura a todos sus pacientes, el Ejecutivo regional ha optado por derivarlos a otro centro: el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca, en la Región de Murcia, un hospital privado situado al otro lado de la frontera autonómica.
Dos contratos, 3,8 millones y pacientes almerienses operándose en Murcia
La Junta de Andalucía ha formalizado dos acuerdos con el hospital lorquino, ambos reflejados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El primero se firmó en septiembre, por un importe de casi 1,6 millones de euros, y el segundo en marzo, por algo más de 2,2 millones, lo que eleva el total a 3,8 millones de euros en apenas unos meses. Ambos contratos, suscritos por la Consejería de Salud, justifican la derivación de intervenciones quirúrgicas a Lorca por tratarse de una zona "limítrofe" con Almería oriental.
La formación política Adelante Andalucía ha sido la que ha puesto el foco en esta situación con mayor contundencia. Su candidato por Almería, Diego Crespo, ha exigido que ese dinero —que cifra en 4 millones de euros anuales— se destine íntegramente a mejorar las instalaciones del Hospital de La Inmaculada y a contratar personal de forma "digna".
Para Crespo, la situación es una "muestra más del maltrato del PP andaluz, de Moreno Bonilla, a la provincia de Almería", y ha llegado a afirmar que "nos roban nuestra sanidad pública mientras que benefician a la sanidad privada", enmarcando esta práctica en lo que describe como un plan general del Partido Popular a nivel estatal para "destrozar la sanidad pública y venderla trozo a trozo" allí donde gobierna.
Sanitarios y usuarios denuncian una "política de privatización" encubierta
Más allá de la denuncia política, la crítica viene también desde dentro del propio sistema sanitario. Tanto usuarios como profesionales de la salud entienden que el dinero que se destina a conciertos con la sanidad privada debería invertirse directamente en reforzar el hospital público que ya existe, en lugar de derivar pacientes fuera. Para muchos de ellos, esta dinámica no es un parche temporal sino la evidencia de una "política de privatización" que merma asistencialmente al Hospital de La Inmaculada para luego justificar la necesidad de recurrir a centros privados.
La práctica de derivar pacientes a otras comunidades o provincias limítrofes no es, de hecho, nueva. Tiene respaldo normativo desde 2023, cuando la Junta de Andalucía aprobó una orden que permite estas derivaciones por razones de "equidad y accesibilidad", y se ha utilizado especialmente en periodos de alta demanda asistencial. Lo que sí resulta llamativo es la dimensión económica que ha alcanzado en el caso concreto de Huércal-Overa y la frecuencia con la que se está aplicando.
El consejero Sanz, por su parte, ha intentado limitar la responsabilidad de la Junta en la retención de profesionales, argumentando que "no solo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran", y apostando por "medidas extraordinarias" y de "cooperación interhospitalaria" como solución.
