El 28 de septiembre se celebra cada año el Día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible. La interrupción voluntaria del embarazo es legal en España, pero no todas las comunidades autónomas siguen el mismo procedimiento. De esta forma, mientras comunidades como Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra realizan más del 75% de las IVE en centros públicos, otras muchas no llegan al 10%.

El caso de Andalucía es más significativo, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad que corresponden al año 2024. En ellos, se apunta a que en Andalucía se practicaron abortos en 17 centros sanitarios durante dicho curso, pero sólo dos de ellos eran públicos.

Los números 'en bruto' son aún más llamativos. En total se realizaron 19.787 interrupciones voluntarias del embarazo durante 2024. De ellas, sólo 50 se llevaron a cabo en centros hospitalarios (37 en públicos y 13 en privados). La gran diferencia está en los abortos que se practican en centros extrahospitalarios. Ahí sólo cuatro de 19.737 fueron en centros de titularidad pública; el resto, en clínicas privadas a las que el Servicio Andaluz de Salud deriva a las mujeres mediante conciertos. En total, 41 en centros SAS.

La explicación del consejero

Precisamente, este lunes el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha hablado al respecto haciendo referencias concretas a la provincia de Jaén, donde hay una mayor dificultad para encontrar clínicas donde se realicen estas intervenciones. Palabras a las que se ha remitido el equipo de Sanz al ser preguntado por este asunto. "Andalucía cumple la ley para garantizar a las mujeres el derecho al aborto", asegura Sanz.

La explicación del consejero es que el SAS sólo practica estas interrupciones en la provincia de Jaén por prescripción médica. "Se ofrece cualquier tipo de alternativa a todos los ciudadanos o a todas las mujeres en este caso que lo solicitan. Otra cosa son las circunstancias concretas de que no se haya presentado ningún centro, pero eso no quiere decir que no se cumpla la ley".

En 2023, el Gobierno modificó la Ley Orgánica del aborto para establecer que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se realizará obligatoriamente en centros de la red sanitaria pública. Y lo cierto es que es la pública la que ofrece la cobertura, aunque a través de derivaciones a clínicas privadas. Además, el apartado dos del artículo 19 señala que "si el servicio público de salud de la comunidad autónoma no pudiera facilitar la prestación en tiempo y forma (habitualmente justificado por la imposibilidad de organizar equipos tras el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia individual regulado en los artículos 19 bis e 19 ter), la autoridad sanitaria derivará a la paciente a un centro privado acreditado".