Los centros de participación activa de toda Andalucía sufren de pleno el golpe de la crisis sanitaria. La Consejería de Salud, para encarar los rebrotes de la pandemia ha establecido una normativa en la que mete en el mismo saco a los centros de día de mayores, a las residencias de ancianos y a este tipo de centros. “Los mete como si fueran la misma cosa y tuvieran que tener los mismos requisitos para su cierre y su apertura, es un desconocimiento total y absoluto”, sostiene la portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, que añade que el Gobierno andaluz “confunde envejecimiento activo”.
Según Pérez estas medidas “les están arruinando” ya que el BOJA establece que todos estos centros deben cerrar sus puertas en los municipios con más de 70 casos contagiados por 100.000 habitantes. En Andalucía se registran casi 700 centros, de los cuales 168 dependen de la Junta de Andalucía, y en estos momentos, “unos están abiertos y otros están cerrados en función de cómo está el covid en el municipio”, dice la portavoz.
Paco es concesionario de las cafeterías de los tres centros de participación activa que se localizan en La Línea, La Atunara, El Junquillo y Padre Panelo, a los que acudían una media de 90 personas al día. Ahora el servicio está totalmente paralizado. “Hay que dejar muy claro que aquí vienen personas mayores de 55 años a la cafetería, a la peluquería y a talleres de actividades como yoga o aerobic, no somos una residencia de ancianos ni de estancias diurnas”, se queja Paco.
Al haber sido catalogados por la Junta de esta forma, no les ha quedado otra que atenerse a la normativa al contabilizar 147 casos por 70.000 habitantes en esta localidad gaditana. “Como superaba el umbral, nos han cerrado los centros, y esto es una situación insostenible, no sabemos lo que vamos a aguantar, pero me temo que muy poco”, lamenta Paco, que como autónomo tiene a cinco empleados sin ninguna actividad en los tres centros.
“Esto es un caos”, dice el concesionario al que la Junta le ha ofrecido poder dar un servicio de recogida de comida a puerta cerrada. Aunque se ha implantado en uno de los centros, “no podemos subsistir solo con las comidas, antes dábamos muchísimos desayunos y consumiciones, y con esto no nos da”, expresa Paco.
A esto se suma otra problemática que sufren desde su apertura tras el estado de alarma. En un principio, las cafeterías de los centros de participación activa iban a funcionar “como una cafetería normal de las que hay en cualquier parte” con su reducción de aforo, las medidas sanitarias y las mesas separadas, sin embargo, “eso no es verdad porque les ponen otros requisitos suplementarios”, explica Soledad Pérez. Paco asegura que las restricciones no permiten que “una persona mayor, socia y usuaria del centro, venga acompañada de alguien que no sea socio, antes podía entrar cualquiera y ahora estamos dejando de percibir la venta de esas personas”.
Tras el varapalo, y ahora, el cierre, “no hay vida en los centros, como ellos solamente cobran de los usuarios, si no hay usuarios obviamente no cobran, ese servicio público a la Junta le sale gratis porque realmente quien paga son los usuarios”, manifiesta la portavoz socialista, que añade que en los centros andaluces que sí permanecen abiertos al no superar el umbral impuesto, “las cafeterías están prácticamente vacías porque como no hay actividades, los mayores no van”.
Además, esta situación afecta a los mayores que no disponen de servicio de comedor garantizado según el decreto de Apoyo a las familias de 2002. “Es vital que estén abiertos porque si no pueden hacer uso de esas ayudas a la alimentación”, concreta Pérez.
Los concesionarios de las cafeterías han alzado la voz frente a estas circunstancias y han reclamado “que suavicen estas restricciones tan fuertes porque disponemos de registro a la entrada y de todas las medidas sanitarias necesarias”.
Desde que abrieron, la Junta les prohibió abrir por la tarde. “Nosotros siempre hemos dado comida los mayores de lunes a sábado mañana y tarde, y desde que reabrimos, directamente nos dejaron abrir solamente hasta las tres de la tarde y de lunes a viernes, ¿los sábados los mayores no comen?”, comenta Paco en relación a los centros de La Línea.
Las empresas concesionarias de servicio de comedor ya sufrieron un golpe durante la pandemia. Según expresa la parlamentaria, “la consejería se gastó la friolera de un millón de euros para 1.300 personas en comida, sacó un concurso específico carísimo y se los dio a un catering”. Paco también recuerda esta acción de la Junta, “en lugar de contar con nosotros y darnos la oportunidad de que le diéramos a los abuelos y abuelas el servicio de comedor en sus casas, decidieron contratar un cateríng y los mayores no han estado contentos porque solo era para tres días”.
Los concesionarios como Paco se enfrentan a perjuicios económicos que ha llevado a algunos trabajadores al abandono, “han entregado sus actas y creo que muchos lo van a hacer a partir de ahora, porque nos estamos endeudando, y no hemos recibido ninguna ayuda”. Por esta razón, el colectivo ha llevado sus quejas a la administración. “Sabemos que hay previstas ayudas para el sector de centros de día y residencia de ancianos, ya que nos meten en el mismo lote que nos meta también para indemnizarnos o que nos de las subvenciones que va a recibir este sector”, afirma con desesperación el linense.
De momento, el Gobierno andaluz estudiará la normativa mientras que el grupo parlamentario socialista va presentar una proposición no de ley para “instar a que saquen una convocatoria específica para estos centros y garantizar la viabilidad económica de estos servicios de cafetería”, mantiene la portavoz de Igualdad, que seguirá insistiendo para que se “sigan prestando la comida a los mayores, de la forma que consideren oportuno, pero que lo sigan haciendo”.
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