Francisco Javier Fernández es el portavoz del Sindicato de Inspectores Educativos (USIE) en Andalucía, una organización nacida en 1978 pero con presencia en la comunidad andaluza desde 2016. “En estos cuatro años hemos conseguido la afiliación del 70% de la plantilla de inspectores educativos”, cuenta Fernández al inicio de la entrevista con lavozdelsur.es. “El sindicato en Andalucía surgió porque los inspectores necesitábamos una voz independiente, con autonomía profesional, para exigir a la Consejería de Educación que no se devaluara más a la inspección”, relata.
El Sindicato de Inspectores Educativos en Andalucía, relata su portavoz, ha conseguido que “el Parlamento andaluz debatiera en un pleno monográfico sobre inspección educativa, aprobando medidas que aún tienen que concretarse”, expone. “Eso fue un punto de inflexión”, confiesa. Entre las reivindicaciones del colectivo, poder participar en el Consejo Escolar de Andalucía, que se les autorice el complemento específico que se les prometió en 2008, contar con un seguro de accidente —viajan con sus propios vehículos— y la actualización de la normativa de inspección, que es de 2002. Ahora, en puertas del inicio del curso escolar —Infantil ha empezado el día, los centros de Primaria lo harán el día 10 y Secundaria el día 15— se muestra preocupado.
¿Qué le parecen las medidas anunciadas para la vuelta a las clases?
El Gobierno central ha hecho absentismo escolar. Las medidas que ha planteado son para lavarse las manos. Ha anunciado medidas sanitarias pero no se ha comprometido con recursos materiales, humanos, ni con disminución de ratios, ni medidas organizativas. El Gobierno ha suspendido.
¿Lo ha dejado todo para el final, como los malos estudiantes?
Todo para la noche de antes. La educación no es percibida como un asunto de Estado ni es un servicio esencial hoy por hoy en España, eso es una evidencia. En junio dijo que había formado un comité de expertos, que es fantasma, porque a día de hoy no conocemos ni quién lo ha formado ni para qué ha servido, ni qué ha propuesto.
La educación no es percibida como un asunto de Estado ni es un servicio esencial hoy por hoy en España, eso es una evidencia"
¿Cree que la vuelta, en estas condiciones, será segura?
Eso va a depender de cada centro. Hay mucha variedad. Hay centros que tienen muchas líneas de una misma etapa y también influirá la zona, no es lo mismo una capital que un núcleo rural.
La responsabilidad, parece, se deriva a las direcciones de los centros…
Los directores son los representantes de la Administración en su centro y es el rol que deben jugar. Son los responsables pedagógicos, organizativos y de gestión, no de aspectos sanitarios, ni son competentes ni tienen esas funciones. Esa responsabilidad debería ser compartida. Y la consejería de Educación no puede con todo. Hay que dar soluciones sistémicas porque el problema es de calado. Es el problema educativo más grave de los últimos 40 años.
¿A quién culpa de esta tardanza en la organización del curso?
El principal responsable es el Gobierno de España. En una crisis sanitaria como la que tenemos debe liderar. Luego, todas las Administraciones deben coordinarse e implicarse al máximo. Desde luego, si una escuela funciona es gracias a que los docentes están al margen de la política. Los políticos han desaprovechado un tiempo precioso para analizar cómo han vuelto al colegio hasta 20 países de la OCDE que en junio abrieron sus puertas. Nos han dado ejemplos que podían haber sido adaptados a nuestro contexto y eso no se ha hecho.
Los directores son los responsables pedagógicos, organizativos y de gestión, no de aspectos sanitarios, ni son competentes ni tienen esas funciones"
¿Han contado con los inspectores educativos en este proceso?
El sindicato ha tenido cinco reuniones con el consejero de Educación —Jesús Aguirre— desde el 14 de marzo. Han contado con nosotros en algo, pero siempre hay margen. Podríamos haber aportado más, aunque por lo menos se nos ha escuchado.
¿Y se han tenido en cuenta vuestras propuestas?
Algunas sí y otras no. Es comprensible. Podríamos haber aportado más. Nosotros apostamos por la educación presencial, porque si no lo es, no cumple los fines de la misma. Si la situación se agrava habrá que utilizar un sistema híbrido, con educación online, pero que sea cara a cara. Nos basamos en cuatro criterios: se hacen necesarios servicios mínimos de presencialidad, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad económica de las familias, la necesidad de conciliación en virtud de las características de trabajo de los progenitores y al alumnado con necesidades específicas.
¿Por qué cuesta tanto disminuir las ratios?
Reducir la ratio no es suficiente, tenemos un gran problema con los espacios. Hay institutos que tienen 14 alumnos y otros que tienen 30. Me extraña que no se haya articulado la enseñanza por la tarde en bachillerato y FP, eso liberaría espacios para hacer desdobles de turnos. Tenemos un problema con los espacios. Hay ayuntamientos que están cediendo locales, que también lo hacen tarde, porque ahora hay que montarlos, pero habría que haberlas bajado en virtud de los centros que estén masificados.
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